La comarca de Campo Arañuelo vive momentos de gran preocupación tras la confirmación por parte del Gobierno de que cerrará las centrales nucleares una vez agotada su vída útil, lo que supone poner fin a la instalación de Almaraz en el año 2023 en el caso del primer reactor y un año después el cierre definitivo con el segundo de ellos. Alcaldes de la zona mantuvieron ayer una reunión de urgencia para analizar la situación tras las manifestaciones del miécoles de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que reiteró la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cerrar el parque nuclear progresivamente hasta el año 2028. Y es que la instalación, según los datos de la propia Mancomunidad de Municipipios de Campo Arañuelo, genera más de 800 empleos directos (24 millones de euros en salarios) y 2.900 indirectos. Sólo en cada fase de recarga, cada 18 meses, se contratan más de mil trabajadores (5 millones de euros en salarios). Además, deja 15 millones de euros en las arcas municipales de la zona por el pago de los impuestos IAE, IBI y ENRESA; y facilita el acceso al mundo laboral de los jóvenes a través de la formación profesional dual con 30.000 horas para las cinco promociones existentes hasta ahora.
Los municipios ya aprobaron hace apenas 15 días una moción para reclamar al Gobierno central y a la Junta de Extremadura «alternativas» para la generación de riqueza y empleo ante este cierre, que genera «una lógica intranquilidad en la población de la comarca, que ve cómo puede desaparecer una de las principales fuentes de riqueza, creación y mantenimiento de empleo, obtención de recursos para la zona y sus vecinos, sin que la Junta de Extremadura haya aportado en estos tres últimos años ninguna propuesta para la región y sus ciudadanos que dependen de este motor económico directa o indirectamente».
La Mancomunidad reclama la continuidad de la central nuclear de Almaraz al menos hasta que esté en funcionamiento un plan alternativo para la comarca y sus vecinos; e insta a la Junta a presentar un plan aternativo al cierre y que traslade al Gobierno de España que reconsidere la decisión de cerrar la planta o, si como sucede, mantiene su voluntad de hacerlo, que explique la alternativa a ese cierre.
Pero mientras los vecinos de esta comarca cacereña viven muy preocupados por esta situación, desde la esfera política buscan cumpables a la misma.
VARA INSISTE EN ALTERNATIVAS // El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, volvió a reiterar ayer la necesidad de que la central nuclear no se cierre hasta que no haya una alternativa de riqueza y empleo para la zona. A su juicio, «las centrales nucleares son el pasado», por lo que avala el modelo energético que propone el Gobiero basado en energías limpias, pero antes de finiquitar el parque nuclear en España debe haber soluciones para paliar la riqueza y el empleo que generan. En su opinión, lo «razonable» es realizar un calendario ordenado de cierre de nucleares en España, a lo largo de una serie de años. «Un calendario ordenado, pues no es fácil desmantelar todas las centrales en un brevísimo espacio de tiempo, y desde luego siempre que haya una alternativa económica», comentó.
A este respecto, el consejero extremeño del ramo, José Luis Navarro, se mostró más contundente asegurando que «antes de que se produzca el cierre de la central nuclear de Almaraz habrá un plan alternativo para la comarca sin ninguna duda».
Sin embargo, desde las filas del PP no lo tienen nada claro. El diputado Luis Alfonso Hernández Carrón culpó ayer directamente a la Junta se ser responsable de este futuro cierre porque «se puso en contra de la construcción del almacén temporal de residuos para hacer viable la central nuclear de Almaraz, cuya licencia le concedió el anterior Gobierno de Mariano Rajoy presentando alegaciones en contra». Ademas, recalcó que el Ejecutivo de Fernández Vara Gobierno de Vara, en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, «olvidó» incluir la propuesta ya planteada en 2017 acerca de un canon de 50 millones de euros anuales si la central continuaba con su actividad. Por ello, los populares extremeños consideran que «ni Vara ni Pedro Sánchez tienen un plan alternativo para la comarca de Campo Arañuelo».
Todo lo contrario piensan desde el PSOE regional. Su portavoz parlamentario, Valentín García, insistió ayer en que «todavía no hay nada absolutamente decidido» sobre ese cierre. «Para llegar a 40 años de vida, hay tiempo suficiente para que el Gobierno de España elabore el plan para las comarcas españolas afectadas, incluida la extremeña», manifestó. Además, «el desmantelamiento de una central nuclear lleva muchos años, desde que se decide hasta que se cierra pasan como mínimo diez años, no es llegar una mañana, darle al interruptor y cerrar las puertas», explicó.
Lo cierto es que la comarca de Campo Arañuelo vive con intranquilidad las noticias que llegan desde el Gobierno y exigen que antes de que se cierre la central nuclear, la zona cuente con un plan alternativo que ya esté en marcha y generando riqueza y empleo en sus municipios.
