La prestación de servicios en beneficio de la comunidad es la medida que con mayor frecuencia se impone como pena a los menores que resultan condenados en la comunidad extremeña. El año pasado se impusieron 124 penas de prestación social, a las que siguieron 112 de libertad vigilada y 88 internamientos, de los que 58 fueron en régimen semiabierto, 19 en régimen cerrado y 11 en centros terapéuticos. Por delitos, los que más se cometen por menores son, con diferencia, los de lesiones --623 se registraron el año pasado en la región-- y los de robos --hubo un total de 300--. Les siguieron en el 2005 los delitos de daños (221), hurtos (184), delitos sexuales (159), de violencia doméstica (64) y contra la seguridad del tráfico (11).
