Las empresas extremeñas de asistencia en carretera llevarán a cabo mañana miércoles un primer paro como medida de protesta por el incumplimiento, por parte de las aseguradoras, de las tarifas pactadas tras la huelga del pasado verano. Además, el sector de grúas de la región quiere hacer extensiva esta convocatoria a las empresas de Portugal. Esta protesta es la acción previa a la convocatoria de huelga indefinida prevista a partir del próximo 20 de enero.

Con este motivo, hoy está prevista en Lisboa una reunión en la que participará el presidente extremeño y secretario de la Asociación Nacional de Empresas de Asistencia en Carretera (ANEAC), Francisco García, en la que buscará el apoyo del sector del país luso aunque reconoce que "no sé si alcanzaremos algún acuerdo".

La convocatoria de mañana está prevista en la puerta de las sedes de las aseguradoras en ciudades como Madrid. Barcelona o Bilbao. En Extremadura, durante la manifestación no prestarán servicios. Una medida de presión que se unirá al paro indefinido que tienen convocado para el día 20 y a la que se sumarán las grúas extremeñas.

En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera (ANEAC), Rafael Merino, explicó a Europa Press que han informado de la convocatoria del paro a los ministerios de Economía e Interior. Un cese de actividad que será en toda España si finalmente algunas comunidades autónomas que tienen pendiente reuniones regionales dan el sí definitivo. El objetivo del paro sigue siendo pedir a las compañías aseguradoras que actualicen sus tarifas conforme a los resultados del estudio de costes acordado con las aseguradoras el pasado verano.

Las empresas de asistencia en carretera reclaman 49,49 euros por servicio en las tarifas que les pagan las compañías de seguros, cuando en la actualidad la media se sitúa en 23 euros.

ESTUDIO DE COSTES Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Empresas de Asistencia en Carretera (Cepas), Francesc Rovira, pidió a las aseguradoras que se definan sobre la aplicación del estudio de costes realizado por la Universidad de Alcalá de Henares y por la compañía Spim.

Rovira dijo que Cepas propone "una amplia horquilla" para ejecutar este plan, con plazos hasta junio del 2006. "Queremos que nos digan cómo lo quieren aplicar, cuándo y de qué forma. Esto sería viable y lo estudiaríamos. Nos han dicho que nos contestarán en breve".