Los punteros láser han vuelto a encender la luz de alarma en la región. Hace pocos días, Pilar Moreno, una vecina de Casillas de Coria, denunciaba haber sufrido heridas en un ojo tras ser apuntada con un aparato de este tipo mientras presenciaba un festejo taurino durante las fiestas del municipio. El láser le provocó quemaduras en la parte central de la córnea que le han obligado a seguir un tratamiento médico.
La afectada ha interpuesto una denuncia contra uno de los feriantes que vendían los punteros láser en la feria, y que, al parecer, fueron adquiridos por numerosos niños del municipio. Con ello, se ha vuelto a abrir una polémica que, según la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), se había zanjado desde hace tiempo en la región. ¿Son legales este tipo de aparatos?
Su utilidad
Los punteros láser se utilizan principalmente en la enseñanza. Sustituyen así a los punteros tradicionales y sirven para realizar indicaciones al proyectar imágenes o informaciones sobre una pantalla. Como cualquier equipo de trabajo técnico están sujetos a la legislación de seguridad a la hora de su comercialización.
Roberto Serrano, asesor jurídico de la UCE, asegura que debido a la polémica que suscitaron los punteros láser la Unión Europea dictó una norma de control de calidad aplicable a los fabricantes de estos aparatos, que a lo sumo deben utilizar un láser de clase 2. Es decir, que la protección contra la radiación se garantiza por el reflejo de cierre del párpado al exponerse el ojo a esta proyección.
Si una persona recibe por descuido el rayo láser directamente en el ojo experimenta un deslumbramiento y cierra los párpados. Esta reacción tarda a lo sumo 0,25 segundos y es suficiente para la protección.
Pero si se trata de un láser de clase 3, puede ser peligroso. Y este podría ser el caso del aparato que se vendía en la feria de Casillas de Coria. Normalmente, indica Serrano, estos punteros proceden de países orientales, en donde no está prohibida su fabricación, como sí ocurre en Europa. Por ello, desde la UCE advierten al consumidor de la importancia de mirar la etiqueta cuando se adquiere un producto de estas características y en el que deben aparecer las siglas CE, que indican que cuenta con el visto bueno en materia de seguridad de la Unión Europea.
Desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo señalan no tener constancia de que se haya detectado la venta de estos artículos en la región. Las vías para descubrirlo, indica el director general, Pedro García Ramos, son a través de las denuncias de los consumidores o porque los inspectores detecten su venta en tiendas o mercadillos. Además, es la Policía Local la encargada de retirar los productos si se constata que incumplen la normativa de seguridad.
Una vez que se detecta se pone en marcha una red de alertas que se extiende a otras comunidades autónomas para que se realice el pertinente control del producto. Al igual que Serrano, García Ramos indica que muchas veces el artículo procede, de forma ilegal, de un país en el que su fabricación está permitida.
