La tercera y última ILP registrada en la Cámara exigía la puesta en marcha de la renta básica en Extremadura. La iniciativa entró en el registro en marzo de 2012 y una vez admitida a trámite, la Mesa de la Asamblea comunicó a la Comisión Promotora -la Plataforma Extremeña contra la Exclusión Social- que disponía de un plazo de seis meses para la recogida de firmas. El plazo se prorrogó tres meses más, sin embargo, la promotora no pudo lograr el número de apoyos suficientes. El 21 de diciembre del 2012, la iniciativa contabilizaba 26.086 firmas, lejos de las 45.000 necesarias. Por ello, la Mesa de la Asamblea acordó decaer la iniciativa. No obstante, la plataforma mostró su disconformidad y junto con las firmas presentadas recordó que con ese número sería suficiente en cualquier otra comunidad.
