La prórroga de los presupuestos de la región pone en "dificultades" a la Junta de Extremadura para cumplir con algunos de los compromisos adquiridos con los agentes sociales, como el incremento salarial del 1% o el abono del 75% restante de la paga extra suprimida a los funcionarios en el 2012 por el Gobierno central, que pretendía realizarse antes del 31 de enero. "La realidad es que esa partida no existe en el presupuesto de 2015", aseguró ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que junto con el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, se reunió con los responsables de UGT, CCOO y la patronal para "transmitirles un mensaje de tranquilidad".
La dirigente extremeña recordó que el acuerdo de la paga extra se adoptó en las dos mesas de negociación llevadas a cabo en los últimos meses y que afecta a unos 50.000 empleados públicos, por lo que se pondrá "todo el empeño para llevarlo adelante". La opción de llevar a efecto esta medida mediante modificaciones de crédito, indicó, se tendría que estudiar. En cualquier caso, la consejera se mostró confiada en lograr acuerdos con los agentes sociales y los grupos parlamentarios para que en el primer trimestre de 2016 Extremadura tenga un nuevo presupuesto, un procedimiento necesario después de que el pasado martes prosperase la enmienda a la totalidad presentada por Podemos, y que contó con el apoyo del PP y Ciudadanos.
Según informó Blanco-Morales, el objetivo del Gobierno regional es que el proyecto de ley de presupuestos, que ahora pasa a ser un "documento de trabajo", recoja en el plazo de un mes las observaciones que presenten tanto los sindicatos como la patronal, así como las alegaciones y alternativas de los grupos parlamentarios, que ya han recibido un escrito de Fernández Vara para hacerles llegar esta petición.
En esta línea, la consejera defendió que con las cuentas presentadas por el Ejecutivo socialista se hacía frente "a la recuperación de los derechos y políticas sociales", que en el presupuesto de 2015 "tienen un déficit de 250 millones de euros", y garantizó que se hará "con el esfuerzo necesario para cumplir con obligaciones que nos harán avanzar en la senda del crecimiento".
Sobre este asunto, CCOO incidió en que la prórroga presupuestaria hará "inviables" acuerdos como las medidas contra la exclusión social, la extensión de la renta básica, las políticas activas de empleo o las ayudas para mínimos vitales para familias con necesidades. En nota de prensa, el sindicato mostró su preocupación por el "bloqueo" en el que se ha colocado el debate para la aprobación de los presupuestos y señaló que esta situación "trastoca todo el proceso de diálogo social, dejando en el aire los importantes acuerdos que se están alcanzando en lo económico y en lo social". Para CCOO, esta situación es "negativa para la región" y por ello reclamó a los grupos que actúen "con responsabilidad" y "eludan el juego partidista que ha sembrado de incertidumbre el futuro de las cuentas públicas".
Para el secretario general de UGT Extremadura, Francisco Capilla, el nuevo escenario es "muy preocupante" y abogó por fijar "un nuevo calendario en torno a la concertación social", porque no se puede negociar "sin tener claro que las cosas que negociemos tengan un acompañamiento presupuestario". El líder sindical destacó que la idea es "seguir trabajando con responsabilidad para lograr acuerdos", aunque "el problema es que la gente con necesidad no puede esperar". Asimismo, reconoció que "no esperaba" la postura del PP en torno a los presupuestos y acusó al presidente popular, José Antonio Monago, de "estar anteponiendo los intereses electorales y partidarios en contra de los intereses de lo sociedad extremeña".
EFECTOS ECONOMICOS Por su parte, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) mostró en nota de prensa su preocupación por los efectos que pueda tener sobre la economía regional la demora en la aprobación de los presupuestos para 2016, en cuanto a "la incertidumbre, falta de previsión y poco apoyo a la acción de gobierno que puede trasladar a los inversores y ciudadanos en su conjunto". La patronal extremeña instó al gobierno y a los grupos a "ponerse a trabajar cuanto antes con propuestas concretas que permitan llegar al consenso para elaborar unos presupuestos creíbles, reales, y eficientes", al tiempo que expresó su deseo de que las cuentas del próximo ejercicio sirvan para potenciar el tejido productivo, crear empleo y generar riqueza para el bienestar de los extremeños.
En este sentido, el presidente de CSIF en Extremadura, Benito Román, señaló que el Ejecutivo regional puede cumplir con el pago de la extra, ya que puede hacerlo "sin ningún tipo de problemas" mediante una modificación presupuestaria de las cuentas prorrogadas. Así, Román solicitó a la Junta que confirme que los empleados públicos van a cobrar "lo que es suyo", al entender que los funcionarios no pueden "pagar los platos rotos" de la falta de entendimiento político. A su vez, Román manifestó que se siente "despreciado" por el presidente extremeño, ya que en los seis meses que lleva de mandato aún no les ha recibido, pese a las continuas llamadas al diálogo social. Por ello, el responsable sindical lamentó que se les haya "excluido" del proceso abierto con CCOO y UGT, a pesar de contar con casi el 14% de la representación sindical en la comunidad.
