EL Grupo Municipal Socialista de Mérida ha mostrado todo su apoyo a los cinco dirigentes sindicales de CCOO y UGT a quienes el juzgado número uno de Mérida ha impuesto una fianza de 9.000 euros, antes del juicio oral, por los incidentes ocurridos en la capital durante la huelga general del 2002. El portavoz socialista, Angel Calle, asegura que los sindicalistas defendieron "la libertad y los derechos de los trabajadores".
Según los socialistas de Mérida, "no es casual que el equipo de gobierno municipal del PP, que es el que más se caracteriza por el ataque continuo y frontal a los trabajadores públicos, sea el que haga la denuncia".
Calle también quiere defender la actuación de estos sindicatos y "agradecerles su trabajo en defensa de los derechos de los que más lo necesitan". Además, según afirmó, rechaza "la política del PP de Mérida porque va en contra de los trabajadores".
En este sentido, el PSOE emeritense hace un llamamiento al grupo popular extremeño, para que "reconduzca esta situación y contribuya a cambiar la actitud de sus compañeros de Mérida".
POSTURA DEL PP Por su parte, el concejal popular Gonzalo García de Blanes aseguró ayer que el secretario general de UGT, Miguel Bernal, quiere "sembrar la duda" al decir que el fiscal ha negado tres veces que haya "indicios de delito" en su actuación durante la huelga del 20-J.
García de Blanes se refiere así a las declaraciones de Bernal sobre la apertura del juicio oral. La acusación particular implica al líder de UGT, Miguel Bernal; al exsecretario general de CCOO, Valentín García, y los sindicalistas Juan Luis Lancho, Juan Espino y Juan Manuel González.
La acusación hace referencia a presuntos delitos de coacción, amenazas e injurias por parte de los sindicalistas, al haber tratado de evitar que los conductores de la empresa municipal de transporte sacara autobuses de las cocheras en la huelga del 20-J.
La pena que se pide es de tres años y medio de cárcel y seis meses de multa.
