La bronca política abierta el pasado jueves tras la expulsión del pleno de la Asamblea de dos diputados del PP y la posterior suspensión de la sesión, continúa con fuerza después de cinco días, y las reuniones de las ejecutivas socialistas y populares se dedicaron casi en exclusiva a esta cuestión. El portavoz del PSOE de Extremadura, Francisco Fuentes, aseguró ayer que su partido "no pondrá la otra mejilla", al considerar que el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, "hizo lo que tenía que hacer tras soportar descalificaciones tras descalificaciones y tanto insulto". Mientras desde las filas del PP se habla de "atentado contra la democracia", e IU cree dificil el sosiego tras lo sucedido.
Fuentes aseguró que en el pleno se produjeron dos hechos "muy graves" y "sin justificación alguna", lamentando además que varios días después no hayan sido condenados por los grupos parlamentarios Popular y Mixto-Izquierda Unida.
En este sentido, hizo referencia a la protesta del grupo de personas contrario a la instalación de una refinería en la comarca Tierra de Barros y que asistió como público al debate sobre este proyecto, que interrumpió el pleno del parlamento extremeño "con gritos e insultos". En su opinión, este incidente estaba "preparado" y que, por tanto, "se hubiera producido con la intervención del presidente de la Junta y sin ella".
Además, cree "inaudito" que dos diputados del PP expulsados, Alberto Casero y Teresa Angulo, no acataran la decisión del presidente de la Cámara, Federico Suárez, de abandonar el hemiciclo por considerarlo injusto.
Sin embargo, el secretario de Comunicación del PP de Extremadura, Tomás Martín Tamayo, acompañado por Angulo y Casero, acusaron ayer a Suárez y Rodríguez Ibarra de ser los culpables directos de lo sucedido. Tamayo señaló que el presidente de la Junta actuó con una actitud "chulesca", mientras que Suárez "fue víctima del miedo escénico". Además, el PP no permitirá que ambos se conviertan en "chivos expiatorios", dijo.
