La Asamblea de Extremadura instó ayer a la Junta la puesta en marcha de una oficina autonómica de atención y ayuda a las familias afectadas por la sustracción de niños recién nacidos en el período comprendido entre los años cuarenta y noventa del pasado siglo. La propuesta, impulsada por el grupo parlamentario socialista, ha sido aprobada por unanimidad en el seno de la Comisión de Cultura, Mujer, Juventud, Cooperación al Desarrollo, Comunicación y Relaciones Informativas del Parlamento e incluye impulsar las investigaciones para lograr las identificaciones, promover la justicia gratuita para las familias, ya que algunas pertenecen a clases humildes, la apertura de archivos públicos y privados y facilitar el acceso a bancos de ADN. El diputado Fernando Ayala, que ha liderado la propuesta, reconoció que «aunque en los últimos años ha habido avances para dar respuesta a las personas embarcadas en la búsqueda de la verdad, es necesario dar más pasos».
