Una comisión mixta del Gobierno regional y el central tendrá que fijar el importe de la deuda histórica del Estado con Extremadura en el plazo de un año desde la aprobación del nuevo estatuto de autonomía, según han acordado PP y PSOE en la Asamblea.
El secretario general del Grupo Popular, Manuel Barroso, compareció ayer en Mérida para avanzar la postura de su partido respecto a la reforma del estatuto, actualmente en proceso de elaboración. Barroso subrayó el clima de lealtad y consenso existente entre el PP y el PSOE en el marco de la redacción del futuro estatuto. Como muestra de ello, avanzó que ambas formaciones han consensuado que sea una comisión específica mixta la que cuantifique en el plazo de un año cuánto dinero debe pagar el Gobierno central a la región por la deuda histórica y también precisó que el Estado dispondrá de tres años para abonarla.
El dirigente popular explicó además que su grupo parlamentario pondrá encima de la mesa la necesidad de crear una Oficina de Control Presupuestario para "arrojar claridad en el uso del dinero público, transparencia en los fondos públicos y rendición de cuentas en el Parlamento". Pero además, precisó que, en la reunión que hoy mantendrá la ponencia para la reforma del estatuto, pedirán que se incluya la elaboración de una Ley de Objetivación de las Inversiones en los municipios. El objetivo, según Barroso, es que el reparto de fondos sea objetivo.
Para el PP este proyecto es una oportunidad de apostar por el municipalismo. Por eso el secretario general del Grupo Popular remarcó que parte del dinero procedente de la deuda histórica debería ser destinado directamente a los ayuntamientos, ya que estas administraciones también han sido acreedoras de los servicios prestados. En su opinión, es necesario poner fin a la "asfixia" económica que sufren los consistorios mediante un impulso a la financiación del mundo rural y la mejora de las relaciones entre la Junta y las mancomunidades.
