La denuncia de la ONG ambientalista SEO/ Birdlife del «descontrol» en las quemas agrarias de rastrojos ha coincidido con el anuncio de la Junta de Extremadura de prohibir la quema de estos restos, hasta nueva orden, en los términos municipales del Valle del Jerte y Sierra de Gata. Según la administración regional, se ha tomado esta decisión debido al riesgo de incendios forestales «por la falta de medidas de protección en la quema de rastrojos».

Sin embargo, la denuncia de SEO/ Birdlife tiene otros fundamentos. Según su delegado en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, la quema de estos restos provoca en zonas como las Vegas Altas la contaminación del aire por humos, con el consecuente perjuicio para la salud. Así mismo, estas quemas suponen la eliminación del «alimento vital» para especies emblemáticas de la región como las grullas, entre otras aves.

Pero más allá de estas denuncias, SEO/ Birdlife considera que éstas son «quemas prohibidas» tanto por la legislación europea como por la autonómica.

La Política Agraria Comunitaria establece, y así lo refleja la legislación española a través del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, en su artículo 3, que los beneficiarios de la PAC deben cumplir las normas «en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales» definidas en esta norma. Ésta establece la «prohibición de quemar los rastrojos, excepto por razones fitosanitarias», como medida de protección de los suelos y como reserva de carbono.

Pero según Marcelino Cardallieguet, aunque la Junta de Extremadura establece estas mismas restricciones, estas obligaciones «no se cumplen desde hace muchos años de forma masiva y ahora es un descontrol».

Para la organización agraria UPA- UCE, según su portavoz regional, Antonio Prieto, «si la legislación dice que no se puede quemar, no se puede quemar». No descarta que haya algún agricultor o ganadero que realice quemas sin autorización, pero Prieto defiende que la mayoría lo hace conforme a la ley. «Son los técnicos los que tienen que verificar si hay alguna plaga o no», añade Prieto.

Con autorización o sin ella, la realidad es que la quema de rastrojos es una práctica habitual en los campos extremeños. En opinión de Antonio Vélez, ingenerio agrónomo, se hace «por comodidad de los agricultores y porque la Junta lo autoriza».

Vélez asegura que es mejor no quemar los rastrojos «porque se quita una masa orgánica que es beneficiosa para los cultivos» y considera que «los agricultores no están concienciados» de lo favorecedor de estas aportaciones de nutrientes.

Sin embargo, este ingeniero agrónomo considera que en caso de haber plagas, dependiendo del tipo que sean, «la quema puede ser más ecológica que hacer tres tratamientos con productos químicos». Pero añade Antonio Vélez que también habría que preguntarse «por qué hay plagas y si no hay otra manera de combatirlas».

Para Marcelino Cardalliaguet, lo peor es que «aquí no sólo se quema, sino que también se paga», en referencia a que se siguen concediendo las ayudas de la PAC a quien realiza las quemas.

Según Marcelino Cardalliaguet, SEO /Birdlife está realizando un informe sobre la quema de rastrojos «para ver el volumen de todo esto». Una vez tengan los resultados, espera reunirse con el director general de Agricultura y Ganadería o con la consejera para enseñarles los resultados y «para que vean que es un problema muy serio».

A pesar de que su organización ha anunciado que estudiará presentar una queja ante la Comisión Europea por estos hechos, Cardalliaguet espera que la Junta reaccione con «un plan de acción razonable». Asegura que «aunque la situación es muy irregular, no queremos consecuencias negativas para los agricultores».