Un grupo de ganaderos pertenecientes a varias agrupaciones de defensa sanitaria de Plasencia y Coria presentaron ayer en el juzgado de lo Penal de Mérida una querella contra el director general de Explotaciones Agrarias, Juan Carlos Antequera, y la responsable del departamento de Sanidad Animal, Cristina Sanz, por prevaricación al considerar ilegal la inmovilización de entre 3.600 y 6.000 vacas de distintas explotaciones y la vacunación contra la enfermedad de la brucelosis. Los ganaderos aseguran que por no poder mover el ganado, así como por la presunta mala administración de la vacuna RB-51, --que está provocando numerosos abortos--, las pérdidas superan los 15 millones en el norte cacereño.
En la denuncia exigen que no vuelva a aplicarse la vacuna en ganado gestante, que se compensen los daños causados y que se depuren responsabilidades.
El problema de no poder mover el ganado afecta desde hace varios meses, según este grupo de ganaderos, a una treintena de profesionales de la zona, pero actualmente pueden llegar a 200. Ahora, y tras una demanda en el contencioso administrativo en abril por lo que consideran un mal uso de la vacuna RB-51, acuden a la vía penal dispuestos a denunciar lo que creen una injusticia y una ilegalidad.
A su juicio, "no se puede inmovilizar el ganado sano ni obligar a vacunar con una vacuna --la RB-51-- que según el prospecto no se puede aplicar a machos reproductores durante la gestación y lactancia, ni a hembras gestantes, que en este caso se está haciendo con todas y está provocando miles de abortos", manifestó ayer el portavoz de los afectados, César Garrido.
La querella abre otra vía a las acciones denunciadas en abril ante el contencioso administrativo para exigir una indemnización a Junta y Gobierno por la presunta mala administración de esa vacuna. La reclamación podría alcanzar los 10 millones y se centra en los abortos.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la opinión de la Junta sobre este asunto.
