Las aguas están más que revueltas en el sector de la pesca y la razón es una sentencia del Tribunal Supremo que modifica el real decreto por el que se regula el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras para incluir, entre otras, a la carpa o la trucha arcoíris. La sentencia, que estima parte del recurso presentado por tres grupos conservacionistas --Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología y la asociación AEMS Ríos con Vida-- prohibe además la captura y comercialización del cangrejo rojo y anula las excepciones que permitían la pesca de algunas especies. Anular diversas disposiciones adicionales o transitorias que reconocían o facilitaban actividades empresariales o deportivas en relación a las especies catalogadas. Instituciones, empresarios y organizaciones deportivas ligadas al sector consideran "muy dañinos" los efectos que tendrá la aplicación de la sentencia en Extremadura y ya se han iniciado contactos a distintos niveles para buscar si existe algún resquicio que permita frenar su aplicación y amortiguar el daño.
La Junta de Extremadura está estudiando a través de sus servicios jurídicos la decisión del Alto Tribunal y paralelamente la Consejería de Medio Ambiente está pendiente de una reunión con el Ministerio para poder valorar la sentencia "y tomar una postura común en dicho asunto". Diputados nacionales del PSOE andaluz ya ha registrado también en el Congreso una proposición no de ley que pide al Gobierno que solicite al Tribunal Supremo el aplazamiento de la ejecución de la sentencia.
Además la Federación Española de Pesca ya ha remitido a todas las organizaciones territoriales, entre ella la extremeña, la decisión de presentar un recurso de nulidad mientras se estudia recurrir al Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo ha constituido una plataforma --Plataforma en Defensa de la Pesca-- para poner en marcha acciones reivindicativas. A ella se han adherido instituciones, clubes de pesca, federaciones, la industria piscicultora y también los empresarios del cangrejo rojo americano.
Las pérdidas en toda España de aplicarse esta sentencia se cifran en el sector de la pesca en miles de millones. Más de un centenar de municipios se han pronunciado ya en contra de la sentencia, entre ellos Orellana la Vieja, que esta semana aprobó por unanimidad (la corporación está integrada por PSOE, Progreso, PP e IPEX) una moción por la que se adhieren a la plataforma solicitan "que se permita la pesca sin muerte de la carpa, el black bass --otra de las especies afectadas-- y el lucio en aguas artificiales" y piden a la Junta, la Diputación de Badajoz y la Fempex que soliciten de forma urgente a la Abogacía del Estado la suspensión de la ejecución de la sentencia".
El complejo turístico de la península del Cerro de Herrería, a orillas del Embalse de Orellana, es un recurso económico fundamental y el escenario de competiciones de tirón internacional que dejan una importante huella económica en la hostelería y los servicios de pesca deportiva de la ciudad. "Hay empresas que gestionan viajes desde otros países para practicar aquí pesca deportiva sin muerte y con la aplicación de esa sentencia esto se irá al traste, con lo que supone, porque la pesca es un recurso fundamental para la hostelería en los meses más allá del verano", afirma Cayetano Ramos, alcalde de Orellana la Vieja. En esta misma localidad, además, la captura del cangrejo rojo americano supone el 45% de los ingresos para más unos 120 pescadores. En el entorno del embalse la cifra roza los 300.
"En el aspecto deportivo, Extremadura es una potencia a nivel nacional, se desarrollan competiciones por toda la región", afirma el presidente de la Federación Extremeña de Pesca. En la región hay más de 73.000 hectáreas de superficie de agua donde se puede practicar la pesca; hay 140.000 licencias y 5.000 deportistas federados. Según los datos de la Junta en un estudio de 2014, ese año se autorización 1.116 concursos de pesca en la región. Los triunfos avalan a los deportistas extremeños y solo el año pasado 56 pescadores obtuvieron medalla en un campeonato de España y uno de ellos en el Campeonato del Mundo junto a la selección española. Además la región cuenta con la mejor cantera de España y campeones en tres a de las cuatro disciplinas.
VIAJES
"Es una locura cortar la trayectoria de quienes están practicando un deporte y detrás de cada triunfo hay muchas horas de entrenamiento y dinero invertido en material y en viajes", recuerda Miguel Ramón Bonifacio Campos que lamenta la "agonía" que para muchas personas está suponiendo la espera hasta que se publique la sentencia (el momento en el que se hace efectiva) y recrimina a las organizaciones ecologistas que presentaron la querella en 2007: "quiero que se sientan responsables de gente como los productores del cangrejo que se van a quedar en la calle". Les pide además "que expliquen cómo un grupo ecologista está defendiendo la muerte de animales cuando su esencia debe ser la vida".
La inclusión de las especies en el catálogo de invasoras impide practicar la captura y suelta, uno de los pilares de la filosofía de las federaciones de pesca. Si se aplica la sentencia, cuando se capture uno de los ejemplares considerado invasor se tiene que matar. "La inmensa mayoría de las competiciones se celebran en escenarios en los que la especie predominante es la carpa --Extremadura cuenta con algunos de los mejores embalses de Europa-- lo que supone un problema importante, porque uno no puede decidir qué pez pica en le anzuelo, cuando lo pesque, pero hay que matarlo. ¿Y qué hago con él?", dice. De aplicarse la sentencia lo que tendría que hacer es depositar el ejemplar en un contenedor autorizado que después debería trasladarse a un centro de tratamiento especializado.
La carpa está presente en la práctica totalidad de los ríos de la región y especialmente en los embalses. Algunos estudios sitúan su entrada en la Europa hace más de 2.000 años, de ahí que muchos no entiendan la incorporación al catálogo invasoras. "La ley es utópica", dice Bonifacio Campos que recuerda que los embalses son "consecuencia de la mano del hombre" y la introducción de muchas de estas especies ahora vetadas por sentencia, también. "Ni aunque se derribaran las presas, se puede volver al estado original de los ríos. La sentencia es inaplicable", asevera.
Sin embargo las organizaciones ambientales que recurrieron a la justicia las excepciones que permitían la caza o pesca de estas especies recuerdan que "desde hace décadas existen evidencias científicas que alertan de los efectos de las especies invasoras para la biodiversidad", según recogía en un comunicado Ecologistas en Acción, poco después de conocerse el fallo judicial. Lamentaban ahí que las distintas administraciones "han tenido la oportunidad de poner en marcha medidas para afrontar los efectos perniciosos, conciliando la necesaria protección de los puestos de trabajo" que ahora están en riesgo.
