La Asamblea de Extremadura rechaza, con el voto del PSOE, la constitución de una comisión de investigación sobre la empresa Lusográfica, de Olivenza, solicitada por el PP para aclarar la creación, ayuda y participación de la Junta en esta sociedad declarada en concurso de acreedores.

Según recoge la agencia Efe, tras criticar la ausencia del presidente de la Junta y la vicepresidenta Economía en el hemiciclo, a su juicio en consonancia con la costumbre del PSOE de "huir cada vez que sale un escándalo de corrupción", la popular Cristina Teniente ha formulado más de cincuenta preguntas sobre este asunto. Preguntas que, a su juicio, justifican la creación de una comisión de investigación sobre este caso, en el que se ha producido "una utilización de fondos públicos sin las mínimas garantías beneficiando a una empresa que ha resultado ser ruinosa".

Un asunto que, en su opinión, pone en evidencia una posible vulneración de los principios de libre concurrencia a favor de esta empresa y en el que "todos los datos apuntan a una posible enajenación irregular de un bien patrimonial por el ayuntamiento".

Por ello, justifica que la creación de una comisión de investigación "es la única salida honrosa para despejar dudas", ya que los compromisos adquiridos por Lusográficas han fallado de "manera sistemática", como por ejemplo la creación de 108 empleos.

Ante esta situación, recalca, "ustedes han mirado para otro lado" y es gravísimo, a su juicio, "que no hayan funcionado los controles y garantías para que la empresa cumpliera", pese a que "están en juego 13 millones de euros de los extremeños y 47 puestos de trabajo".

De hecho, se muestra segura de que estas irregularidades "tuvieron algún porqué" y pregunta al Gobierno regional por qué está empeñado en acallar a la oposición.

Por su parte, el portavoz socialista, Ignacio Sánchez Amor, tras defender que los alcaldes han de luchar por atraer inversiones a sus municipios, acusa al PP de "no querer que se le den a Lusográfica las condiciones que se les ha dado a otras" con el apoyo de los populares.

Afirma que la Administración ha aplicado el "máximo control" en este caso y subraya que los intereses de los extremeños están asegurados porque sobre esta empresa pesa un embargo judicial que Sofiex demandó el pasado mes de septiembre.

Como muestra de control, indica que esta sociedad obliga a una auditoría externa anual, "que nos garantiza que nuestro dinero se ha invertido en aquellas instalaciones", y que tuvo la prudencia de acudir sólo a una de las ampliaciones de capital.

También precisa que la empresa optó por Olivenza por su cercanía a la frontera portuguesa, ante lo que el ayuntamiento aprobó un pliego "con el voto del PP", con lo que este partido estuvo a favor de los terrenos que se vendieron y el precio que se acordó.

Y respecto al tratamiento de la Junta hacia Lusográfica, manifiesta que ha sido el mismo que para cualquier otra firma y precisa que el ministro del PP Rodrigo Rato fue el que dio la mayor subvención a esta empresa, en 2004.