El Colegio de Abogados de Badajoz ha rechazado que, desde el 1 de junio, se atribuya la competencia territorial de toda la provincia a un único juzgado -el de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Mérida- de todos los litigios sobre cláusulas suelo y reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas.
Desde el Colegio de Abogados de Badajoz temen que esta medida provoque "un colapso que ralentice las resoluciones judiciales" y genere "un efecto disuasorio a los ciudadanos", debido "al incremento de coste económico y de tiempo que ello supone".
Con esta medida, ha añadido, se pretende "hacer general una norma prevista para una excepción", en base a una supuesta especialización que, sin embargo, "se deja en manos de jueces noveles y obvia el principio esencial de proximidad de la justicia al ciudadano, elemento clave para la seguridad jurídica".
Por ello, la Junta de Gobierno de este órgano colegial ha trasladado su oposición al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 25 de mayo de 2017, publicado en el BOE el día 27, por el que se establece esta medida.
La Abogacía, en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el pasado día 19 de mayo en Barcelona, ya expresó de forma unánime el rechazo a este plan de urgencia que pretendía aprobar el Consejo General del Poder Judicial, para "concentrar en un único juzgado situado en la capital de cada provincia, los litigios sobre cláusulas hipotecarias abusivas".
