¿Debe un preso con discapacidad intelectual compartir módulo con los internos comunes, como ocurre hasta ahora? ¿Favorece esta situación a la reinserción en la sociedad de estas personas? La Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Extremadura (Feaps), así como los directores de los dos centros penitenciarios de la región, son partidarios de crear centros exclusivos para los discapacitados intelectuales con penas de prisión.

Esta fue una de las principales demandas de unas jornadas celebradas la pasada semana organizadas por Feaps para analizar cómo mejorar la calidad de vida de las 23 personas que se encuentran en esta situación en Extremadura, y la de sus familias.

Según marca el protocolo establecido para estas personas cuando llegan a una prisión, se les realiza un estudio individualizado y se trabaja específicamente con ellas durante dos sesiones semanales en el caso de la cárcel de Badajoz y una en la de Cáceres.

Pero esto no es suficiente para Feaps ni tampoco para los trabajadores de las prisiones y los propios dirigentes de estos centros penitenciarios, que aseguran que lo ideal es que no estén en la cárcel mezclados con los presos comunes.

También coinciden en que el mayor problema es qué hacer con estos internos cuando dejan la prisión, porque en muchos casos las familias se desentienden y la sociedad no los acepta para ocupar un puesto de trabajo, indican. Responsables de las prisiones piden más implicación de las instituciones para cuando cumplan la condena y, sobre todo, más recursos económicos, y destacan que los funcionarios están trabajando al 200% y que tienen conocimientos de todos los programas, pero necesitan más recursos. A modo de ejemplo, apuntan que en Andalucía la Junta financia plazas ocupacionales para que no tengan que ser ingresados en el centro penitenciario.

Carmelo Charfolé, director del centro penitenciario de Badajoz, apunta que los funcionarios de prisiones tienen conocimiento de todos los programas que se realizan, incluidos los destinados a discapacitados intelectuales, y "están trabajando al 200%", lo que hace falta, reitera, es una mayor implicación de las instituciones competentes una vez que dejan la cárcel y, sobre todo, más recursos económicos.