Se lo podían imaginar, pero ayer se confirmó. Los alrededor de 2.300 profesores que trabajan en la enseñanza concertada en la región también sufrirán recortes salariales. Lo harán a partir del 1 de julio, un mes después que los docentes del sector público, y en función del su porcentaje de homologación salarial en la región. Así lo anunció ayer el director de Calidad y Equidad en la Mesa de la Enseñanza Concertada. Sin datos concretos, sí precisó que se tendrá en cuenta la diferencia retributiva entre los profesionales de la pública y la concertada y que el descuento se hará en función de la masa salarial sobre el complemento autonómico.

El tijeretazo a este sector cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos CCOO y UGT, al igual que el resto de recortes a los trabajadores, "paganos de la crisis cuando no son los que la han originado", explica desde Comisiones Obreras Tomás Chaves. En la misma línea, el secretario de FETE-UGT, Miguel Salazar, se opone a cualquier recorte, a la espera de conocer más datos, que esperan sean detallados el jueves en una reunión, aunque el anuncio se materializará en un proyecto de ley en la Asamblea.

Esta medida también se encuentra con el "rechazo frontal" de la Asociación de Docentes de Enseñanza Concertada de Extremadura (Adecex). Según su presidente, Víctor Rodríguez, "ya que se nos pide un esfuerzo solidario esperamos que no se aplique una rebaja lineal y no perdamos más de los cuatro puntos del porcentaje de homologación salarial que perdimos con las trasferencias". Los docentes de la concertada cobran un 87% del sueldo de sus homólogos interinos --sin complementos de antiguedad-- de la red pública, "cuando hace diez años estábamos al 91%, por lo que llevamos diez años pagando, y nos parece tremendamente injusto además este recorte".

EL PP, EN CONTRA El PP estará "muy vigilante" a la aplicación de la rebaja salarial de los empleados públicos porque no está dispuesto a que los funcionarios extremeños paguen "más el pato" que en otras regiones. El Ejecutivo ha aprobado una rebaja que oscilará entre el 0% para el Grupo E y el 10,47% para el A, pero esta horquilla es menor en otras comunidades --del 0,98 y el 5% en el País Vasco; el 2 y el 7% en Aragón o el 0 y el 6,2% en Madrid--, lo que supone que "los recortes van a ser especialmente duros con los funcionarios extremeños".