De partida, casi todas las universidades públicas del país, incluída la Universidad de Extremadura, rechazan el cambio aprobado ayer por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pero será el próximo lunes cuando todos los rectores pactarán una postura común para hacer frente a una nueva normativa universitaria. Será en la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE), que se reunirá para debatir ese real decreto, la que determine la decisión por la que abogan los campus españoles, aunque ya hay algunos que no ven con malos ojos este sistema, como es el caso de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
De momento, los rectores de las nueve universidades públicas del país que conforman el grupo G-9 (Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Oviedo y País Vasco ), reunidos ayer, precisaron que la reforma aprobada ayer por Wert es precipitada y necesita de tiempo para realizar un análisis en profundidad. "No podemos fragmentar el sistema universitario".
