Con la nueva Ley de Coordinación Intersectorial y Simplificación Administrativa, la Junta prestará apoyo técnico y jurídico a los municipios para la revisión de sus planes generales, que son la herramienta que establece los usos y actividades del suelo. Su revisión se quiere acotar en el tiempo para evitar que, como ocurre ahora, se convierta en un proceso arduo y complicado, e incluso en algunas ocasiones «imposible» de llevar a buen término.

Según detalla la directora general de Urbanismo, Eulalia Moreno, el objetivo que se ha marcado el Ejecutivo es reducir la tramitación de los planes generales de los «siete u ocho» años actuales a dos. Así, se plantea la creación de una Comisión de Coordinación Intersectorial y la «armonización» de cinco leyes autonómicas (Suelo y Ordenación Territorial, Carreteras, Patrimonio Histórico y Cultural, Agraria y de Protección Ambiental), todo ello con el fin de crear «un marco ordenado y unificado de plazos».

De esta forma, sería la Junta la que, en el inicio de la revisión del plan, se encargaría de solicitar y tramitar los 32 informes sectoriales previos que son necesarios y que hacen referencia a cuestiones ambientales, de carreteras, patrimonio histórico, zonas regables, vías pecuarias o áreas forestales. Una vez resueltos todos en un plazo de tres meses (cuatro en caso de medio ambiente), el Ejecutivo remitiría al consistorio un único documento en el que se le explican las cuestiones que tiene que adaptar de su planeamiento. Esta negociación de sectoriales también incluiría a los informes estatales para, «de alguna manera, presionar y que también estén en tres meses». Una vez que estos informes están listos, se realiza la aprobación provisional del plan y se vuelve a enviar la propuesta a la Junta, que debe pronunciarse antes de la aprobación definitiva. Para todo este proceso se prevé un periodo de dos años.

No obstante, de momento los municipios deberán seguir esperando, ya que la Ley de Coordinación Intersectorial y Simplificación está aún en fase de borrador. El anteproyecto se ha publicado en el portal de transparencia de la Junta, pero aún debe pasar por Consejo de Gobierno e ir a la Asamblea.