Hace dos años, se creó en la Asamblea de Extremadura una comisión no permanente para estudiar una reforma del Estatuto de Autonomía. Tocar la norma básica de la comunidad sería indispensable para poder rebajar el censo necesario para tramitar una iniciativa legislativa popular. De hecho, ese es uno de los compromisos del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara. En su agenda del cambio proponía la reforma del Estatuto para realizar algunas modificaciones con el fin de mejorar la democracia y la participación ciudadana. Entre las propuestas está reducir al 1% del censo de electores la exigencia para presentar una ILP, obligar a los gobiernos a someter a consulta popular los cambios que afecten a derechos fundamentales en los compromisos de los programas electorales e incluso eliminar los aforamientos de cargos públicos para todos los asuntos ajenos al ejercicio de sus funciones, entre otros. Sin embargo, esa comisión no se ha llegado a reunir en ninguna ocasión desde que se constituyó en noviembre del 2015.
«Queríamos que las ILP necesitaran menos firmas para que pudieran ser debatidas, pero por distintas circunstancias es verdad que los trabajos no han avanzado; en este tiempo han ido surgiendo otras prioridades porque la situación que nos encontramos era compleja desde el punto de vista económico y presupuestario y en el contexto político actual se han cruzado otros asuntos importantes y más urgentes como la reforma del sistema de financiación autonómica», señala Valentín García, portavoz del grupo parlamentario socialista.
La idea de su grupo, subraya, era encontrar el consenso suficiente en esta legislatura para reformar el estatuto (ya que requiere el visto bueno de dos tercios de la Cámara). «Evidentemente no tenemos mayoría en la Asamblea y en la situación actual, no va a ser fácil que en esta legislatura podamos avanzar en esa reforma». No obstante, García reconoce que siguen creyendo en sus propuestas para acercar la política a la ciudadanía.
Sin embargo, para el PP, reformar el Estatuto autonómico no es una prioridad. «Entendemos que está correctamente como está en estos momentos», señala Fernando Manzano, secretario regional del PP y miembro del grupo popular designado en esta comisión que nunca ha llegado a reunirse. Sobre la propuesta para rebajar el número de firmas necesarias para presentar una ILP, Manzano asegura que llegado el caso «lo estudiaríamos», pero «por ahora no existe nada encima de la mesa». De todas formas señala que no es momento de sentarse a hablar de modificar esta norma. «No tendría sentido ahora que se está debatiendo sobre una posible reforma de la Constitución».
Por su parte, Podemos sí se muestra a favor de reformar el Estatuto «siempre que esté orientada hacia un desarrollo social justo, que eleve la categoría activa del ciudadano y que dote a la comunidad de herramientas para que se desarrollen las demandas y necesidades del pueblo extremeño». Por ello, considera preciso disminuir el número de firmas requeridas en las ILP hasta las 12.000 (el 1,3% del censo), asegurar el debate parlamentario y respetar en el proceso de enmiendas la naturaleza de la iniciativa que proponen las personas promotoras. El grupo plantea además nuevas fórmulas de participación ciudadana como la petición legislativa popular (sobre una temática concreta), la iniciativa de oposición popular (para mostrar la oposición ciudadana a determinadas normas) o el referéndum revocatorio (para ratificar o revocar a un representante), entre otros cambios.
