Extremadura contará con más del 9% de los fondos estatales para poner en marcha el Plan de Desarrollo Rural, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino durante los próximos cinco años. Una cantidad que da idea de la importancia del medio rural en Extremadura, una región "que supone el 1,7% de la población, el 2,4% del PIB y ocupa el 8,2% del territorio nacional".
Para el desarrollo de este programa la región se dividirá en doce zonas geográficas, "cada una de ellas contará con un plan que permitirá optimizar y concentrar los recursos y esfuerzos públicos y privados en materia de infraestructura, empleo, medio ambiente y desarrollo de servicios". Así lo aseguró ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la inauguración de las Jornadas de Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Cáceres, en la que participaron unas 300 personas.
Esta programa de impulso rural se incluye en el periodo de cambios de leyes y normas necesarios en estos tiempos, según Vara, entre ellas, de la ley de suelo, que encuentra un marco ideal para ajustarse a la "nueva realidad", en la adaptación a la nueva normativa estatal en materia de urbanismo. Es un buen momento para remendar las "carencias" que se han puesto de manifiesto en los nueve años que la norma lleva vigente en la región, explicó el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea.
El magistrado insistió en la necesidad de corregir algunas deficiencias. Se trata de cuestiones técnicas puntuales y de cambiar el planeamiento. "La ley actual está pensada para las ciudades y no para los municipios, por eso hay que hacer un planeamiento adaptado a estos. Hablar de urbanismo es hablar de municipios y estos están faltos de una legislación que se adapte a sus necesidades y a su realidad".
Con argumentos similares, Vara concretó que en la modificación de la ley de suelo, que se hará próximamente, se variarán los cálculos de edificabilidad en los municipios, se protegerá el territorio ante los riesgos naturales, se incrementarán las garantías, se modificarán aspectos de la evaluación ambiental y se facilitará la reordenación de núcleos residenciales aislados, porque "estamos dando tratamientos iguales a situaciones desiguales".
INFRACCIONES URBANISTICAS Durante el 2008, las fiscalías de Cáceres y Badajoz abrieron 69 diligencias preprocesales por delitos contra la ordenación del territorio, principalmente por construcciones que comenzaron sin licencia urbanística, las infracciones más frecuentes. Así lo destaca Olea, unas infracciones, que pueden llegar a una multa elevada, y que relacionó con "una cierta permisividad social. Parece que el que tiene un terreno puede edificar sin permiso porque es suyo, pero eso no es así", explicó el magistrado. El presidente de la Diputación, Juan Andrés Tovar, la alcaldesa Carmen Heras y el presidente de Caja Rural de Extremadura, Mariano Señorón, también participaron en la reunión.
