Nueva llamada al Gobieno central. La Junta exigió ayer al Ejecutivo de Mariano Rajoy que convoque de forma urgente la Conferencia Sectorial de Turismo, que lleva dos años sin reunirse, como primera medida para «apagar el incendio» que ha supuesto para el sector la proliferación de los pisos turísticos ilegales. «Para atajar este problema,es crucial el compromiso y la cooperación del Gobierno con las comunidades», aseguró el director general de Turismo, Francisco Martín Simón, que critica que el ministerio haya estado «de brazos cruzados» en este tema.

Según el responsable regional, es «inaceptable» que el órgano de coordinación entre el Estado y las Administraciones regionales en materia turística, como es el Consejo Sectorial de Turismo, lleve más de dos años sin reunirse. «Es un clamor, tanto de los empresarios, de los vecinos como de las comunidades autónomas que hay que actuar de manera urgente», agregó.

Martín también exigió que se constituya un grupo de trabajo con la Federación de Municipios y Provincias (Femp), «ya que estamos frente a una problemática transversal que abarca a Turismo, Hacienda, Interior, Empleo y Consumo». En este sentido además, recordó que la aportación de los ayuntamientos es clave a la hora de luchar contra los alojamientos ilegales y defender a los empresarios que cumplen la ley, pagan impuestos y crean empleo».

INSPECCIONES / Entre las medidas impulsadas por la Junta contra esta problemática, que según Martín afecta a la región en menor medida que a otras, citó el plan de inspecciones, que ha detectado irregularidades en 406 viviendas. Estas deberán regular su situación o de lo contrario, serán sancionadas con multas de entre 6.000 y 60.000 euros.

De las viviendas localizadas, detectadas en páginas y plataformas de internet, 102 se encuentran en fase de actuaciones previas; esto es, se ha localizado al propietario y se le ha instado a regularizar su situación. Además, 48 titulares han manifestado su interés en iniciar la actividad turística legalmente,

Finalmente, el servicio de inspección ha abierto 14 expedientes sancionadores, de los cuales dos han finalizado con sendas multas de 6.001 euros.

Además, se ha requerido a las plataformas que comercializan estas viviendas a que las eliminen «de forma inmediata».