Extremadura recibirá en los próximos dos meses 32,5 millones de euros como compensación base por el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito (IDEC), conocido como el impuesto a los bancos.
Se compensa así la disminución de ingresos derivada de la entrada en vigor del impuesto estatal que grava el mismo hecho imponible que antes tenía la comunidad autónoma, según ha destacado el Ministerio de Hacienda.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha presidido hoy junto al consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, la constitución y reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se ha acordado la cantidad a compensar.
La Comisión Mixta de Asuntos Económicos surgió tras la reforma del Estatuto de Autonomía extremeño como "órgano bilateral en el ámbito de la financiación autonómica, a quien corresponde aprobar y actualizar el sistema de financiación, así como canalizar las relaciones fiscales y financieras entre el Estado y Extremadura".
El ministerio ha recordado que Extremadura aprobó una ley en 2001, incorporada en 2006 a un texto refundido en materia de Tributos Propios, que recoge el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito de ámbito autonómico.
Posteriormente, el Estado creó, con efectos desde el 1 de enero de 2013, el Impuesto sobre Depósitos en las Entidades de Crédito a nivel estatal, dentro de la Ley 16/2012, que adopta diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
Este impuesto está gravado en la actualidad con un tipo del 0,03%, cuya recaudación, tal y como acordó el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 23 de diciembre pasado, se entrega a las comunidades autónomas en la cuantía que les corresponde, según lo recaudado en su territorio por los depósitos y entidades de crédito existentes.
Solo para aquellas comunidades autónomas con el impuesto en vigor antes que el Estado, se establece una compensación, de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por la pérdida de ingresos que registran desde la aprobación del impuesto estatal. Es el caso de Extremadura, Canarias y Andalucía.
El acuerdo adoptado hoy establece, además, que la Administración General del Estado pagará una compensación anualmente, que se calculará en base a los depósitos de 2012, pero aplicando un índice de evolución certificado por el Banco de España según evolucionen los depósitos cada año.
La compensación así calculada sustituye a la recaudación que la comunidad autónoma habría obtenido en caso de haber continuado aplicando el impuesto autonómico, y da cumplimiento al artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) mientras subsista el impuesto estatal que grave el mismo hecho imponible que el impuesto autonómico.
