Extremadura, con un total de 263 objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), se encuentra entre las comunidades autónomas en las que se ha registrado un menor número. Tan solo se ha contabilizado menos oposición a esta asignatura que en esta región en las comunidades isleñas --Baleares ha registrado 82, y Canarias un total de 116-- y la comunidad de Cantabria, que ha registrado 155 objeciones.

En el lado opuesto, como las comunidades que han registrado una mayor oposición a la asignatura, se sitúan Madrid, con 11.531; Castilla-La Mancha, con 9.014; Andalucía, con 7.505; y Valencia, con 5.606.

Las objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que tal y como establece el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) debe impartirse en todas las comunidades autónomas este curso académico 2008-2009 --Extremadura la implantó ya el curso pasado 2007-2008--, alcanzan en toda España la cifra de 44.513, según el último recuento realizado por las plataformas contra esta materia obligatoria.

Para el colectivo Profesionales por la Etica, una de las asociaciones promotoras de la objeción, este dato refleja que "los padres son los protagonistas del mayor movimiento de objeción de conciencia que se haya producido en España, exceptuando el que reivindicaba este mismo derecho respecto al servicio militar".

El colectivo puntualizó, asimismo, que la mayoría de los padres objetores lo han hecho, "no por los contenidos de la asignatura, sino por el planteamiento global de la misma, cuyo objeto, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros (BOE de 5 de enero de 2007), es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral".

PARA TODOS. Así pues, la asignatura de Educación para la Ciudadanía se generaliza este curso en la Secundaria en todas las comunidades autónomas. A las siete en las que ya se impartió el pasado curso, entre ellas Extremadura, se unirán este curso, impartiéndola por primera vez, los centros de ESO y Bachillerato de las 10 restantes, con lo que desde mediados de este mes alrededor de 1,2 millones de alumnos la estudiarán --unos 200.000 ya lo hicieron el año pasado--.

Pero el panorama con el que se encontrará la Administración educativa en el inicio del nuevo curso escolar en lo que respecta a esta materia no estará exento de polémica. El movimiento objetor no está dispuesto a ceder, y a los más de 400 recursos presentados por padres que se oponen a que sus hijos asistan a esta clase por considerar que ciertos contenidos vulneran el derecho a educarlos según sus convicciones morales, el colectivo Profesionales por la Etica ha anunciado que "hay también cientos de recursos administrativos que muy posiblemente llegaran a los tribunales en los próximos meses".

Y mientras esto ocurre, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos reclamaba ayer que la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tenga más tiempo lectivo "para evitar que se convierta en una maría", al tiempo que consideró "inadmisible" que algunas comunidades como la de Madrid, propugne la "desobediencia civil" contra la asignatura al amparar a los objetores.