Extremadura tendrá su propio centro de investigaciones científicas, al estilo del CSIC nacional. Así lo recoge el anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, que está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria en la Asamblea y que la Junta confía que pueda estar aprobada a finales del 2010.
El nombre oficial de este organismo será Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, aunque ya ha sido bautizado como CITYTEX, según sus siglas. Inicialmente estará compuesto por los tres institutos tecnológicos que pertenecen 100% a la Junta: el Centro de Investigaciones Agrarias La Orden-Valdesequera, el Instituto Tecnológico Alimentario (Intaex) y el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón (Iprocor). Pero se incorporarán a su estructura otros centros de investigación que se vayan creando bajo el paraguas económico de la Administración regional. Su objetivo es liderar la apuesta por la I+D+i como estrategia de desarrollo y estrechar la cooperación entre los equipos de investigadores, pero sobre todo pretende dotar de personalidad jurídica a estos centros, que tendrán mayor responsabilidad y autogestión. Así, entre otras cosas, podrán realizar sus propias convocatorias para contratar personal, gestionarán directamente sus patentes o tendrán libertad para la firma de convenios con otros organismos.
El director general de Innovación y Competitividad Empresarial de la Junta, Jesús Alonso Sánchez, presentó ayer el anteproyecto a la comunidad científica de la Universidad de Extremadura (Uex) en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. Hoy lo hará en Badajoz, en la Facultad de Ciencias. "Extremadura carecía de un marco legislativo sobre I+D+i. Y la región tiene competencias y singularidades en este ámbito. La ley ofrece la posibilidad de desarrollar modelos propios, dentro de las directrices del Plan Nacional y de la estrategia europea", apuntó el responsable de la consejería de Economía, Comercio e Innovación, que agregó que, sobre todo, esta normativa servirá para tapar tres grandes carencias: la falta de una carrera profesional para científicos y tecnólogos, la ausencia de personalidad jurídica de los centros tecnológicos, y la inexistencia de un marco regulatorio.
CARRERA PROFESIONAL Precisamente otra de las aportaciones del documento, que ya ha sido sometido a exposición pública y cuenta con el visto bueno del Consejo Económico y Social, es la regulación de la carrera profesional. Es decir, se estructura y define el acceso a la profesión. Así, fija una primera fase de formación, con el requisito de ser titulado universitario, para realizar la tesis doctoral con un contrato de dos años de prácticas; un grado de acceso, para el que será necesario ser doctor, con una contratación temporal anual de un máximo de cinco años y cuyo objetivo es la especialización. Tras superar esta fase, en la que habrá una evaluación intermedia en el tercer año, se pasará al grado de consolidación y, finalmente, se fija un último estrato --grados posteriores-- para el que se establecerá un sistema de promoción en función de proyectos conseguidos, patentes desarrolladas o contratos para la I+D+i. También existirá la posibilidad de acceder a estos grados por concurso público.
Este régimen jurídico sólo será de obligado cumplimiento para el personal de los centros dependientes de la Junta. El resto se podrán acoger voluntariamente.
La nueva ley también recoge la creación de la figura del secretario general de I+D+i, que según Alonso Sánchez, velará por dar continuidad a las políticas regionales de I+D+i ante posibles cambios políticos. Asimismo, se constituirá un comité ético de investigación.
El Consejo Consultivo está estudiando actualmente el anteproyecto y la Junta espera que durante el primer trimestre del 2010 pueda entrar en la Asamblea.
