La Ley Reguladora de la Subcontratación en la Construcción obligará a más de 10.000 empresas de la comunidad autónoma a cumplir unos determinados requisitos en materia de seguridad laboral y calidad en el empleo para poder seguir trabajando dentro de este sector. Los que respeten la normativa quedarán inscritos en un registro con el que, según el Gobierno, se pretende reducir la siniestralidad y la temporalidad en la construcción.
La ley, que entró en vigor en octubre del 2006 y cuyo reglamento fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 24 de agosto, va a obligar a cada comunidad autónoma a crear un Registro de Empresas Acreditadas. En él deberá inscribirse todo negocio o actividad empresarial que participe o pueda participar en procesos de contratación y subcontratación. Es decir, afectará no solo a las promotoras y las constructoras, sino también a todas las empresas que intervienen en una obra, desde los instaladores de ascensores a los electricistas, los fontaneros o incluso los pintores.
El objetivo de este registro es certificar que todo el sector cumple unos determinados requisitos de solvencia y calidad, especialmente en lo referido a seguridad laboral. Así, entre otras cosas, se exigirá al empresario disponer de la infraestructura básica para el desarrollo del negocio, haber formado "debidamente" en materia de salud y seguridad a sus empleados y cumplir escrupulosamente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Quienes no puedan acreditar el cumplimiento de estas exigencias, no podrán registrarse y, por tanto, no podrán intervenir en ninguna de las fases y los trabajos de la edificación.
De esta forma y de acuerdo con el Directorio Central de Empresas, la normativa afectará a las más de 9.500 empresas pertenecientes al sector de la construcción en la comunidad de Extremadura, así como a aquellas que realicen trabajos relacionados, como excavaciones, movimiento de tierras, acondicionamiento, derribo, instalaciones técnicas e incluso la limpieza.
Ahora las comunidades autónomas disponen de un año para poner en marcha este registro, con el que, según Miguel Angel Rubio, secretario General de la Federación del Metal, la Construcción y Afines de UGT-Extremadura, se puede lograr un mayor control en el sector.
RESPONSABILIDAD La ley establece que su cumplimiento será responsabilidad del empresario y, sobre todo, del contratista. Este deberá verificar que todas las empresas que participan en la cadena de subcontratación cumplen los requisitos legales, desde la legislación sobre seguridad a la constitución normativa. En caso de detectarse irregularidades, la responsabilidad también recaerá sobre la empresa principal. De este modo y para un mayor control de esta exigencia, cada obra deberá tener un documento, llamado libro de subcontratación, en el que se especifiquen las empresas que participan en ella y la labor que realizan.
Las empresas también tendrán que acreditar que sus trabajadores poseen la debida formación en materia de prevención de riesgos laborales. Para ello se creará una tarjeta profesional para cada empleado en la que se registrará la formación específica que han recibido.
Otro de los objetivos de la ley es reducir la temporalidad, ya que la construcción es uno de los sectores más afectados por esta circunstancia. Por eso se obligará a tener un número mínimo de empleados indefinidos por empresa. En los primeros 18 meses en vigor deberá ser el 10% de la plantilla y a partir del tercer año el cupo ascenderá al 30%.
El Gobierno también quiere acabar con las grandes cadenas de subcontratación y solo se permitirá un máximo de tres niveles, cuatro excepcionalmente.
