La Asamblea de Extremadura ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que ha finalmente ha incluido destinar 86 millones a la renta básica en dos años y reducir el plazo de resolución de estas ayudas de seis a tres meses desde la presentación de la solicitud.

La norma ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y Podemos, y la abstención del PP y Ciudadanos.

En la sesión plenaria de hoy se han debatido las 83 enmiendas parciales que han llegado vivas, 35 del PP, 34 de Podemos, 13 del PSOE y una de Ciudadanos, aunque sobre la marcha se han retirado casi una decena y muchas se han convertido en transaccionales.

De las 96 presentadas inicialmente, Podemos retiró tres y diez fueron vetadas por la Junta de Extremadura por afectar al gasto.

La ley aborda cuestiones como la universalización de la sanidad, la renta básica, los mínimos vitales, las ayudas a la contingencia y la vivienda de promoción pública.

Tras el debate de hoy, se ha incluido destinar 86 millones para la renta básica, 12 para mínimos vitales y tres para la contingencia, en dos ejercicios presupuestarios en los tres casos, además de considerar también el gas como mínimo vital junto a la luz y el agua.

El texto inicial garantizaba ya el derecho a tener cubierto el suministro de 100 litros de agua potable al día y 6 kw/hora al día de consumo eléctrico.

Vía enmienda también se ha incorporado que la ayudas para contingencias estén sujetas a una única convocatoria anual abierta todo el año.

Para acceder a ellas, se ha delimitado hoy que es necesario estar empadronado en alguno de los municipios de Extremadura con una antigüedad de seis meses.

La norma aprobada comenzó su andadura como decreto-ley, que derivó en proyecto de ley para recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios, el cual se ha tramitado por el procedimiento de urgencia y no ha sido sometida al debate de totalidad.

A lo largo de la tramitación de la ley el PP y C's advirtieron de sus visos de inconstitucionalidad de acuerdo a lo considerado por el Consejo de Estado, que entiende que se invaden competencias estatales en aspectos como la universalización de la sanidad para los inmigrantes ilegales.

La socialista Eva Pérez ha abierto el debate como diputada relatora tras guardarse un minuto de silencio por los últimos atentados terroristas en diversos países del mundo.