El salario de los funcionarios y los empleados públicos de la Junta de Extremadura subirá un 1% este año, la cantidad máxima permitida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este fue otro de los asuntos abordador ayer en la Mesa General de la Función Pública y que contó con la oposición de los tres sindicatos, que consideran que esta subida supone «consolidar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos», coinciden CSIF, UGT y CCOO. Y es que esa subida estará por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC) de este año, que rondará el 3%.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, dijó ayer que este incremento salarial «supone un gran esfuerzo para la comunidad». Aunque no especificó a partir de qué mes se hará efectiva esa subida, sí dijo que se hará «lo antes posible» una vez se publiquen definitivamente los presupuestos estatales y que se aplicará con carácter retroactivo, ya que la administración debe ese 1% desde enero de este año.
DEVOLVER COMPENTENCIAS/ Durante la reunión de ayer, la administración y los sindicatos acordaron reclamar al Gobierno estatal que devuelva las competencias en materia de organización de la jornada laboral de los empleados públicos. Además, los sindicatos urgen recuperar otros derechos perdidos como volver a las 35 horas de jornada semanal o desarrollar la carrera profesional. Para tratar esos asuntos la consejería ha propuesto crear varios grupos de trabajo. Uno de ellos abordará cómo homogeneizar y flexibilizar la jornada laboral de los empleados públicos y estudiará la recuperación de las 35 horas semanales.
Además, habrá un segundo grupo de trabajo encargado del desarrollo de la carrera profesional en la administración y de establecer unos criterios de selección comunes en todos los ambitos de la administración para los próximos procesos selectivos que llevará a cabo la Junta. CISF aboga por aumentar en los baremos el peso de la experiencia profesional y junto a UGT y CCOO insiste también en que los procesos sean ágiles y con garantías jurídicas.
Ambos grupos, además de otro encargado de analizar el plan de empleo extraordinario para reducir la tasa de interinidad en la administración, «comenzarán a trabajar de manera inmediata, con una composición acorde a la naturaleza de las materias a tratar», indican desde la consejería.
En esta misma línea, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dijo ayer durante un acto en Cáceres que los empleados públicos deben ir recuperando los derechos laborales y salariales que perdieron con las medidas gubernamentales adoptadas a raíz de la crisis económica, «ahora que las cosas empiezan a ir algo mejor».
