El caso de presunto fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de Plasenzuela durante los 13 años de José Villegas en la alcaldía sigue teniendo a la residencia geriátrica como epicentro de la causa. La médico y el ATS del consultorio local han reconocido que recibieron dinero del exedil por los trabajos que prestaban en el geriátrico municipal fuera de su horario como empleados del sistema público de sanidad. Esta labor, que ellos comparan con una acción de voluntariado, la realizaron sin notificárselo al Servicio Extremeño de Salud (SES), según han explicado ellos mismos a este diario. Es decir, para la Administración sanitaria ambos profesionales tenían dedicación exclusiva al SES, por lo que mantenían íntegro su sueldo y no se les aplicaba la rebaja salarial, del 20% en el complemento específico, que sufren los profesionales que ejercen segunda actividad.
Inmaculada Romero, la médico, y José Luis Hermoso, el ATS, no están imputados en el caso. La jueza les ha tomado declaración solo como testigos. Porque ambos han admitido recibir dinero en sobres cerrados de mano del exalcalde Villegas. "No era un salario. Durante unos 10 años hemos estado prestando servicio a la residencia municipal, fuera de los horarios del SES y con una disponibilidad de casi 24 horas al día. Al principio no recibíamos nada, pero con los años el alcalde nos comenzó a dar una serie de gratificaciones", explica la doctora, que aclara que estos ingresos no eran mensuales, sino esporádicos.
Pese a que percibían este dinero, no había ningún tipo de relación contractual con el ayuntamiento. Solo un acuerdo personal con el exalcalde. José Villegas les entregaba en mano estas "gratificaciones". Según la documentación que se ha aportado al Juzgado número 2 de Trujillo, que instruye la causa, llegaron a percibir 1.200 euros, en el caso de la médico, y 900, el ATS. Ellos aseguran que las cantidades eran inferiores.
PROBLEMA LEGAL Esto supone que los dos profesionales recibieron ingresos no declarados. Pero además, no notificaron a la administración pública que tenían una segunda actividad por la que recibían ciertas compensaciones económicas. Según explican desde el Colegio de Médicos, los sanitarios que trabajan en el sistema público pueden trabajar para otros organismos y empresas públicas y privadas siempre y cuando lo comuniquen a la Administración --en este caso el SES--. Esto supone renunciar a un 20% del complemento específico fijado como compensación salarial para aquellos médicos y enfermeros con dedicación exclusiva al sistema público. Además, deben de darse de alta en la mutualidad médica para cotizar como facultativo libre.
Ni Romero ni Hermoso realizaron estos pasos preceptivos y ahora el SES ha anunciado una investigación. "En Extremadura, la sanidad pública es universal y gratuita, por lo que de confirmarse el cobro de los servicios prestados por estos profesionales sanitarios en el ejercicio de su trabajo público, sería una práctica denostable, ilegal y perseguible judicial y administrativamente", ha manifestado este organismo. "Hemos podido cometer un error", admite la doctora, que espera la llamada del SES para explicar la situación a sus superiores. "Todavía no se han puesto en contacto directo con nosotros. Solo hemos hablado con el coordinador de zona", agrega.
El actual alcalde de la localidad, Adrián González, ha anunciado que va a solicitar la devolución del dinero que cobraron los dos profesionales durante los mandatos de José Villegas (de 1994 al 2007): "Vamos a pedir a la jueza del caso que incluya estas irregularidades en la causa y que ordene la devolución de ese dinero". Según su cálculos, Romero y Hermoso podrían haber recibido hasta 350.000 euros en 13 años, lo que supone el 7% de los 4,4 millones presuntamente desviados de las arcas municipales por el exalcalde. La médico insiste en que las "gratificaciones eran ocasionales, inferiores a lo que se está hablando y nosotros trabajamos para la residencia unos 10 años, no 13". Asimismo, explica que se han puesto en contacto con abogados para asesorarse y no descartan tomar acciones judiciales contra lo que consideran un "acoso y persecución" por parte del actual equipo de gobierno local.
Los dos sanitarios dejaron de atender la residencia tras la llegada de Adrián González al ayuntamiento, en 2007. "Les propuse mantener los pagos, pero por trasferencia bancaria, y ellos se negaron", dice el alcalde. "Quería hacernos un contrato, con un salario mensual y unas condiciones. Dijimos que no, no nos convenía", apunta Romero.
