La Ley de Salud Pública de Extremadura, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Gobierno y presentada esta mañana, pretende "incrementar los niveles de salud de los ciudadanos con criterios de calidad y seguridad", explica la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, que insiste en que se desarrollará durante la próxima legislatura "y establece la hoja de ruta para hacer una gestión más eficaz y continuada de los recursos".
La nueva normativa, que debe ser ahora aprobada por el pleno de la Asamblea, contempla la creación de una Oficina Extremeña de Seguridad Alimentaria y el Consejo Regional de Pacientes de Extremadura, un foro de participación en el que estarán presentes la Junta y las asociaciones de pacientes de la región para exponer los problemas e inquietudes que tengan en cada momento. Además, otros aspectos novedosos que presenta la ley son la organización de un sistema de respuestas a las atertas y emergencias en salud pública, planes marco de salud alimentaria y ambiental, y medidas para la seguridad del paciente, aunque cada uno de estos aspectos debe ser objeto de desarrollo normativo.
Asimismo, destaca también la intención de incrementar la cooperación transfronteriza con Portugal en materia de salud pública y el hecho de que la Junta podrá delegar o transferir funciones en salud pública a los ayuntamientos, sin que se especifique nada más al respecto en la información facilitada esta mañana.
Mejuto indica que la normativa va a "impregnar de forma transversal a todas las polítcias de las distintas administraciones implicadas en materia de salud", propicia la participación de los ciudadanos "para conseguir el máximo nivel de salud de la población" y que se aprueba ahora porque "es el momento de abordar todas las cuestiones relacionadas con la salud y la prevención de la enfermedad", una vez que ya se han conseguido niveles de calidad como los del resto del país tras asumir las competencias sanitarias en el año 2002.
