La secretaria general de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, Aurora Venegas, ha dicho hoy que el proyecto de presupuestos para 2017 es de 2.008,4 millones de euros, 9,3 más que este año para garantizar los servicios públicos de calidad y el derecho a la vivienda digna, y el PP ha criticado los "recortes".
Así lo han señalado respectivamente en Mérida, en la Asamblea de Extremadura, Venegas y el parlamentario del PP José Ángel Sánchez Juliá.
Según Venegas, el presupuesto de la consejería representa el 39% del total del de la Junta, según los datos que ha aportado por en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.
Ha recalcado que las "premisas fundamentales" de la actuación son garantizar unos servicios públicos de calidad, las políticas contra la exclusión social, el derecho a una vivienda digna con desahucios cero y contribuir a la estabilidad presupuestaria.
Ha cifrado en 6,5 euros de cada 10 los que la Junta destina a políticas sociales "que garantizan los derechos de las personas y el manteniendo de la calidad de los servicios públicos y avanzando en la igualdad de oportunidades".
Según ella, 2016 fue el año que la Junta inició la recuperación de "los derechos perdidos" en la anterior legislatura y que 2017 "será el año de la consolidación de estos derechos".
En política sanitaria el presupuesto crece un 0,3 por ciento, lo que supone 4,2 millones de euros al día para garantizar el derecho a la salud de los extremeños y extremeñas.
En el capítulo del Servicio Extremeño de Salud (SES), con un presupuesto de 1.521 millones de euros, el director general de Planificación Económica del SES, Federico Delgado, ha destacado los 26,9 millones de euros destinados a inversiones en infraestructura sanitaria.
Además, según la Junta es notable es el aumento del Presupuesto destinado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), que incrementa su partida en 8,7 millones de euros con respecto al ejercicio de 2016, lo que supone la mayor subida porcentual de la consejería, un 3%.
En el capítulo de las políticas sociales, se invierten cerca de 120 millones de euros y destaca el incremento del 3,1% para el programa de Atención a la infancia y a la familia, o los 53,7 millones del Fondo de Garantía Social que, en aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, garantizará los suministros Mínimos Vitales.
También las Ayudas a las Contingencias y la Renta Básica Extremeña de Inserción, con la finalidad de garantizar el cobro de este derecho cuyos cambios normativos han terminado con los retrasos.
En materia de vivienda los ejes de la política presupuestaria de la consejería son garantizar el derecho a una vivienda digna y la protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria.
El presupuesto de esta sección es de 37 millones de euros, donde destacan 7,9 millones a la rehabilitación y mantenimiento de las viviendas públicas, 2,3 millones para las ayudas al alquiler, algo más de 5 millones para el programa de rehabilitación energética de viviendas y 1,4 para el programa de intermediación bancaria.
Por su parte, el diputado popular José Ángel Sánchez Juliá ha dicho que esta Consejería es "la de los recortes" ya que este año se presupuestaron 2.014 de euros y ahora se fijan 2.008, y que son cuentas "insuficientes" ya que, si se tienen en cuenta los créditos definitivos del área, hay un déficit de 224 millones.
En cuanto al SES, ha criticado que sus recursos pasen de 1.532 a 1.521 millones de euros, a lo que ha agregado que también hay menos dinero para los nuevos hospitales de Cáceres y de Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz), que hay menos profesionales en la Atención Primaria y que se "congelan" políticas sociales, y que presentarán enmiendas al Proyecto de Presupuestos.
