La Consejería de Sanidad y Consumo del Ejecutivo extremeño está ultimando el decreto que aclarará las dudas surgidas por la ley antitabaco estatal. Esta normativa regional, que podría ser aprobada en un plazo de dos meses y de la que ya existe un borrador, prevé implicar a los ayuntamientos en los trabajos de inspección y podría incluso otorgar a la Administración local la competencia sancionadora.

El director general de Consumo y Salud Comunitaria, Pedro García Ramos, explicó que el objetivo de la Junta con este decreto es doble. Por una parte se trata de "aquilatar algunos aspectos de la ley que están más dudosos" y por otra de "adjudicar competencias a determinados órganos".

García Ramos explicó que la Administración regional está detectando que muchas quejas llegan directamente a los ayuntamientos, "que está más cerca del ciudadano", y nunca llegan a ser conocidas por el Ejecutivo regional. Por eso el borrador prevé que, si los consistorios los aceptan, los entes locales "se impliquen en el ámbito inspector y sancionador", es decir, "que la Administración local pueda ejecutar la ley directamente".

FASE DE DISCUSION El decreto aún está en fase de discusión precisamente porque se pretende "que goce del máximo consenso posible", tanto de los sectores implicados y afectados por la normativa estatal como por parte de los propios ayuntamientos.

Por lo que se refiere al contenido del decreto extremeño, dejó claro que pretende aclarar "aspectos que la ley deja de forma más ambigua", como puede ser la definición de las zonas útiles o los locales en los que se contemplan posibles excepciones. "En ningún caso se permitirá fumar en el trabajo", aseguró el director general.

En los primeros dos meses y medio de aplicación de la ley, que entró en vigor el 1 de enero, la Consejería de Sanidad y Consumo recibió 37 denuncias , aunque García Ramos destacó que ninguno de los expedientes abiertos se debe a problemas en el ámbito laboral. Y es que todos los casos, abiertos por presuntas infracciones leves, son por denuncias en bares, cafeterías, restaurantes e incluso estaciones de autobuses. "Y casi todos por el desconocimiento de la ley", añadió el responsable sanitario.

De forma paralela la Consejería está llevando a cabo una campaña informativa destinada a los 12.000 establecimientos hosteleros de la región a través del envío por correo de folletos en los que les aclaran a los empresarios determinados detalles de la norma y les recuerdan los puntos de obligado cumplimiento. Esta campaña se completará en breve y es previa a las posibles inspecciones sancionadoras.

Antes que la Junta ya anunció su intención de elaborar un decreto de desarrollo de la norma la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre. El Ejecutivo de Aguirre prevé, con gran polémica, dejar de fumar en algunas zonas de trabajo (como balcones y patios de las oficinas), además de en bodas y otros actos sociales.