El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró ayer que todos los ayuntamientos que optan al depósito de residuos radiactivos (entre ellos Albalá) serán tratados "por igual" y que las CCAA serán escuchadas antes de tomar una decisión, aunque recuerda que el consenso sobre esta cuestión ya se dio en el Parlamento.
"La decisión la van a tomar los ciudadanos que vayan a vivir cerca del ATC; esos ciudadanos, si lo desean, podrán tener el ATC", precisó en respuesta a una pregunta del diputado de ERC Joan Ridao en el pleno del Congreso sobre si el Gobierno piensa consensuar la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos.
Sebastián replicó que se resolverá según un procedimiento competitivo basado en la transparencia, la equidad y la voluntariedad y aseguró que el procedimiento es democrático, inapelable y público, consensuado con el Parlamento, y que "todo el mundo lo conoce", momento en que recordó los 154 anuncios de prensa y la página de Internet que informa de ello.
Todos los ayuntamientos, prosiguió, son tratados igualmente, "independientemente de donde estén y quién los gobierne".
También aludió al consenso, pero recordó que el Congreso ya aprobó por unanimidad en el 2004 pedir al Gobierno que pusiera en marcha el ATC.
También recordó que por los residuos de la central de Vandellós, en Francia, hay que pagar 1.300 millones de euros en 60 años.
