El sector inmobiliario en Extremadura esconde cada año más de 100 millones de euros a Hacienda, un dinero que se oculta detrás de estratagemas como la declaración de precios de venta por debajo de lo realmente pagado por el cliente o las transmisiones mediante contratos privados que nunca llegan a constar ante el fisco. Pero esa es solamente la estimación realizada por la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) para la comunidad autónoma. En el conjunto de España este tipo de evasión fiscal ronda los 8.600 millones de euros, una cantidad con la que la Junta podría cubrir los presupuestos regionales previstos para el año 2008 y parte de los del 2009.
Para los técnicos del ministerio, el mercado inmobiliario y la especulación en este sector siguen siendo ámbitos donde "el dinero negro ha encontrado un refugio rentable". Y la responsabilidad --apuntan-- corresponde a la ineficacia de las iniciativas emprendidas desde la Administración. Según indican, el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal es positivo por cuanto ha supuesto "un paso adelante" en la prevención y la lucha contra este tipo de delitos. Sin embargo, consideran que es "poco ambicioso" al concentrar las investigaciones lejos de los principales focos de la economía sumergida, entre los que se encuentra el mercado de la vivienda y del suelo.
Así, de acuerdo con sus estimaciones, cada año se defraudan a Hacienda algo más de 114 millones y medio de euros en Extremadura a través de operaciones inmobiliarias. Es decir, este sector mueve una media de 300.000 euros diarios en dinero negro solo en la región. Solo con esa cantidad anual (114 millones) podrían construirse ocho hospitales comarcales como el levantado en Tierra de Barros y financiar casi el 80% del aeropuerto internacional anunciado para Cáceres --de acuerdo con las primeras estimaciones de coste de esta infraestructura--.
Sin embargo, Extremadura no está entre las regiones donde mayor evasión fiscal se comete, aunque tampoco es de las que menos. Entre Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia concentran más de la mitad del fraude de este sector en España, que asciende a 8.600 millones de euros. Por comunidades, la catalana y la madrileña (con 1.836 y 1.479 millones de euros anuales, respectivamente) encabezan la clasificación realizada por Gestha. Por contra, Navarra es la región donde la especulación inmobiliaria mueve menos dinero negro (1,3 millones al año).
PIDEN MAS MEDIDAS Los técnicos de Hacienda, que estos días celebran en Málaga su congreso nacional, advierten de que el principal mecanismo empleado para cometer este tipo de fraude consiste en efectuar sucesivas transmisiones sin formalizar un documento público, de manera que el nuevo comprador paga un precio por la cesión de la posición del anterior comprador en un contrato privado que queda oculto a la Agencia Tributaria. Además, otra práctica habitual es "obligar" al cliente a firmar en la escritura un precio inferior al realmente acordado, con lo que tanto el vendedor como el comprador evitan pagar impuestos por la cantidad ocultada.
Por ello, piden adoptar medidas como la creación de un Registro de Contratos de Compraventa de Inmuebles, considerar especulativas las operaciones de viviendas dentro de los tres años siguientes a su adquisición --salvo motivo justificado--, que las agencias inmobiliarias informen de las operaciones de intermediación en las que intervienen o que el IVA lo pague directamente el comprador.
