La investigación se inició a raíz de la comunicación al Gobierno español, en marzo del 2001, de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que alertaba de irregularidades en el uso de las ayudas a la transformación de lino.
El proceso fue dirigido en su fase inicial por el juez Baltasar Garzón, quien implicó en el caso al extremeño Alberto García Valencia como gerente de la empresa Lino Textil de Extremadura.
En febrero del 2004 la Audiencia Nacional confirma la imputación de 18 personas, entre ellas Alberto García Valencia.
El juicio comienza en octubre del 2006 y concluyó el pasado mes de febrero. La Fiscalía Anticorrupción pedía para los 19 imputados penas de prisión de entre 7 meses y tres años y multas de 6.000 a 191.000 euros.
El tribunal excluyó de la causa a Nicolás López de Coca, ex subsecretario de Agricultura, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria y principal procesado. La Audiencia Nacional señaló que el delito de tráfico de influencias del que se le acusaba no era de su competencia.
