Seis de cada diez euros presupuestados en alta velocidad en la región durante los últimos tres años han quedado sin invertir. De un montante total previsto en este trienio de 584,6 millones de euros, el Estado se ha acabado gastando en esta infraestructura solo 238,2 millones (un 40,8%).
Estos son los datos que se desprenden de los últimos tres informes anuales de la Intervención General del Estado sobre la distribución territorial de la inversión del sector público estatal. Así, en el 2015 el desembolso inicial previsto en Extremadura para Adif-Alta Velocidad era de 200,7 millones de euros, pero la inversión real acabó siendo de 75,3 millones (un 37,5%); en el 2016 se pasó de 200,7 a 53,5 millones de euros (26,6%); y en el 2017, de 183,1 a 109,5 millones (59,8%).
«En un presupuesto, quedarse muy por debajo de la previsión puede obedecer a muchas circunstancias, desde que no haya financiación a condicionamientos legales que puedan impedir la ejecución de algunas partidas. Pero como dato general, ejecutar por debajo del 50% es anómalo, es que algo se está haciendo mal», apunta Francisco Álvarez Arroyo, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura-
En este sentido, las dos convocatorias de elecciones consecutivas y un gobierno en funciones durante diez meses en el 2016 no facilitaron, en general, las licitaciones de obras. Y es cierto que en algunas regiones el grado de cumplimiento en la alta velocidad también ha sido bajo. Sin embargo, no lo es menos que en estos tres últimos ejercicios Extremadura ha estado siempre en el grupo de regiones donde el diferencial entre el objetivo de gasto en alta velocidad y el finalmente efectuado ha sido mayor. Y también que en este tiempo ha habido cinco comunidades autónomas donde la inversión en este ámbito ha sido muy superior en términos absolutos a la extremeña (Castilla y León, con 1.023,6 millones; Galicia, con 508,3 millones; Comunidad Valenciana, con 455,9 millones y Cataluña, con 445,4 millones) y, a excepción de Andalucía, donde también ha rondado el 40%, el grado de cumplimiento en todas ellas ha sido superior.
Además de los 183,1 millones que se recogían para el 2017, en el proyecto de presupuestos del año pasado se contemplaban otros 692,7 millones para la alta velocidad en la región hasta 2020. En este punto, puntualiza Francisco Álvarez, «los compromisos plurianuales hay que conjugarlos con una exigencia muy clara de la Constitución española que es la de que los presupuestos son anuales. Estas inversiones no están ‘guardadas’. Incluirlas a partir de ahora dependerá de la voluntad política y de las negociaciones de cada año de la ley de presupuestos. Hasta que no se materialicen en ella y se incluyan expresamente, no existe la obligación legal de ejecutarlas».
La del AVE es la porción del pastel presupuestario estatal que más dinero concentra en Extremadura. De la parte correspondiente a la Administración General del Estado, los 74,1 millones contemplados en el 2017 se acabaron quedando en 61,2 millones, un 82,6%. La media en España fue del 105% (es decir, se gastó más de lo que se preveía inicialmente) y solo en otras tres comunidades (Cantabria, un 44%; Baleares, un 55,2%; y La Rioja, un 65,7%), el grado de cumplimiento fue menor que el extremeño en este apartado. En el extremo contrario, se sitúan Murcia (275,6%); Navarra (236,8%); Madrid (233,8%); Canarias (151%); Castilla y León (139,1%); y País Vasco (138,4%).
En el 2016, la situación fue muy similar, con un crédito inicial de 96,2 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de algo menos de 69 millones de euros (un 71,7%, frente una media del 108,2% en España). En el 2015, en cambio, el gasto superó lo que se había planificado en el proyecto de presupuestos, pasándose de 54,3 a 89,8% millones (un 164%, similar a la cifra registrada en el conjunto del país, que fue del 154,4%).
