Casi tres años después, las oposiciones de facultativo especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo están más cerca de llegar a su fin. El proceso convocado en junio del 2011 se vuelve a poner en marcha tras más de dos años paralizado por el anterior Ejecutivo tras la denuncia de varios aspirantes contra la exconsejera de Sanidad María Jesús Mejuto, que obtuvo la nota más alta en el ejercicio escrito realizado en el 2013.

El tribunal opositor acaba de publicar el listado de puntuaciones de la segunda parte del proceso, la fase de concurso, que cuenta hasta un 30% en la nota final. En esta solo constan los nombres de las ocho personas que aprobaron la fase de oposición, entre ellos el de la exconsejera extremeña de Sanidad entre 2007 y 2011, que obtuvo la máxima puntuación en el ejercicio escrito, un 93,3 sobre 100. Ahora, en el concurso de méritos, Mejuto es la cuarta con mejores resultados, con un total de 13,500 puntos sobre 30. En esta fase se valora la formación del aspirante, su experiencia profesional sanitaria, publicaciones y actividades docentes. Aún así, se da por hecho que estos ocho facultativos tendrán plaza en su especialidad en el SES dado que en la convocatoria había en juego un total de 12 plazas.

Con esta nueva resolución del tribunal calificador se reactiva el proceso abierto en el 2011 y paralizado durante años. Ahora los ocho sanitarios valorados tienen un plazo de diez días -hasta el 21 de noviembre- para presentar alegaciones. Concluido ese periodo, el tribunal pulicará la lista provisional de aprobados con la puntuación final y después la lista definitiva antes de convocar el acto de elección de plazas y el nombramiento como personal estatutario fijo, que previsiblemente podría realizarse antes de que termine el año. Así se daría por zanjado un conflicto que arrancó apenas tres meses después de publicarse las notas del examen escrito, en enero de 2014.

A esta prueba se presentaron 36 facultativos, entre ellos la exconsejera que consiguió la mayor puntuación. Con este argumento y ante la demanda de una decena de varios aspirantes, el anterior Ejecutivo decidió anular la nota que obtuvo la exconsejera en dicha prueba alegando que el proceso podría no haber sido limpio porque fue convocado mientras Mejuto aún estaba en el gobierno y porque existía una supuesta relación de amistad entre Mejuto y el que fuera presidente del tribunal de selección.

La respuesta de la exconsejera fue acudir a la justicia, que el pasado mayo le dio la razón. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Mérida determinó en su sentencia que no se puede probar que Mejuto tuviera un trato de favor en el proceso por parte del tribunal y rechazó repetir de nueva el examen, confirmando así el 93,3 que obtuvo en la prueba motivo de conflicto.

Ni la Junta ni ninguno de los aspirantes denunciantes recurrieron la decisión del juez, por lo que el SES publicó en junio la ejecución de la sentencia que da por zanjada la polémica política y judicial. Ahora solo falta que los ocho aspirantes que han superado el proceso ocupen sus plazas. Lo harán más de cinco años después de que fueran convocadas.