Las listas de espera salen caras a la Administración sanitaria. El Servicio Extremeño de Salud (SES) tuvo que pagar el año pasado más de ocho millones de euros a la sanidad privada por atender a los pacientes que superaron los tiempos de espera legales para ser atendidos por el sistema público. En concreto, fueron 33.200 los usuarios derivados a centros privados, de la región principalmente. De estos, 1.273 requirieron una intervención quirúrgica que costó a la Administración más de 4,4 millones de euros y otros 32.000 pacientes acudieron a la sanidad privada para alguna prueba diagnóstica, lo que supuso un coste de 3,5 millones de euros.

En total, más de ocho millones de euros para atender a 33.000 pacientes a los que el SES no dio una respuesta a tiempo, alrededor del 30% de los que superan la ley. "En 2014 hubo muchísimas derivaciones, por encima incluso de lo presupuestado, probablemente haya sido el año que más se ha gastado en esto", señala el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso, que destaca que a pesar de ello ha seguido habiendo muchos pacientes por encima de esos tiempos.

Este año el coste por el incumplimiento de la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada, vigente desde el 2005, será inferior, según prevé la administración sanitaria. En el primer semestre de 2015, el SES ya había derivado al sistema privado 746 operaciones que han costado 2,3 millones de euros y otras 9.700 pruebas diagnósticas, que suponen un gasto de más de 1,5 millones. "Esperamos cerrar el año con un coste de alrededor cinco millones de euros, la cantidad presupuestada también para 2016", indica Alonso.

CONVENIO HABITUAL Las derivaciones a la sanidad privada se vienen realizando desde hace años. El SES tiene un convenio con varios centros y clínicas concertadas --que se realiza a través de un concurso público-- para enviar a aquellos pacientes que superan el tiempo de garantías haya o no haya reclamaciones de los usuarios. Pero no deriva a todos los que están por encima de los plazos que marca la ley. "Se realiza en función de la antigüedad, por prioridad en la lista de espera y por prioridad clínica. Normalmente los casos de prioridad clínica que superan los tiempos legales se atienden en los centros propios y luego por antigüedad se va ofreciendo la posibilidad de hacerse pruebas o intervenciones en los centros concertados. Si el paciente acepta se le deriva y si no acepta se mantiene en la lista de espera", explica el director general. Generalmente hay menos reticencias a acudir a la sanidad privada para hacerse pruebas diagnósticas que para intervenciones quirúrgicas.

Según estos datos facilitados a este diario por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, lo que más caro sale son las operaciones, una media de 3.300 euros frente a los 120 euros de realizar una prueba diagnóstica.

El coste podría ser mucho mayor, ya que según los datos de Sanidad hay 113.000 personas que el año pasado superaron los plazos legales para ser atendidas por el SES. Hasta el pasado 20 de noviembre había 102.000 personas en esta situación, una cifra que varía constantemente. El objetivo de la administración sanitaria es reducir ya no tanto el presupuesto destinado a los conciertos privados, sino las listas de espera y los tiempos de atención con una estrategia que ya está en marcha. "Los conciertos se utilizan de manera complementaria a la sanidad pública. Con las listas de espera que nos hemos encontrado es imposible prescindir de ellos".

La Ley de Tiempos de Respuesta que motiva estas derivaciones fue creada en el 2005 y un año después, en 2006, se modificó para acortar los plazos de espera para ser atendido: 180 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas y 30 días para pruebas diagnósticas. La norma establece que si se superan dichos tiempos el paciente tiene derecho a reclamar ser atendido por un centro privado asumiendo el SES el coste de esa atención. De hecho, debe pagar incluso el desplazamiento del paciente hasta el centro privado en cuestión.