Se esperaba una cifra abultada y así ha sido. Las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) convocadas el pasado 29 de septiembre han recibido 101.604 solicitudes a través de internet para las 1.368 plazas ofertadas. Así se lo comunicaron ayer responsables de la administración sanitaria a los sindicatos en la primera reunión de la comisión de seguimiento del pacto de los procesos selectivos.

Del total de instancias presentadas a través de internet, el SES está contabilizando ahora aquellas que también han registrado la solicitud física en algunos de los registros de la administración (hay ya 62.000 escaneadas), un paso necesario y obligatorio para quedar realmente inscrito. Por eso los datos de solicitudes son todavía provisionales.

De momento, con las inscripciones de internet, las categorías más solicitadas son celador con más de 32.000 instancias, auxiliar administrativo con 16.665 solicitudes, pinche con 12.409, auxiliar de enfermería con 9.334 y enfermería con 8.818 instancias. Los listados provisionales de admitidos y excluidos se publicarán en febrero, y en abril ya serán definitivos, según informó ayer el SES. Dos meses después, a partir de junio, comenzarán los exámenes. De momento, se desconocen las fechas pero el SES se ha comprometido a poner un calendario sobre la mesa en la próxima comisión de seguimiento que se celebrará en enero. «Debería estar ya establecido», critica el sindicato CSIF.

El SES también informó ayer a los sindicatos que la convocatoria de oposiciones ha recibido unos 200 recursos. La mayoría, en torno a un centenar, están motivados por la diferencia de la valoración de los méritos de los médicos y enfermeros de Atención Continuada, a los que la experiencia laboral se les puntúa menos que a los sanitario de Atención Primaria, una situación que el SES está dispuesto a modificar y para lo que ha solicitado un informe a la Abogacía General. Luego hay otros 70 sobre la inclusión del sistema Jara en los exámenes de auxiliar administrativo y técnicos de rayos, que el SES ya ha estimado; y una veintena que exigen la valoración de los servicios prestados en la sanidad privada y que la administración prevé desestimar. También constan recursos de ingenieros que discrepan con la titulación exigida en las bases y que están en estudio. Los recursos presentados por academias y colegios profesionales se han desestimado por carecer de «legitimidad».