Oposiciones y concursos de traslados cada dos años, transparentes, seguros, con tribunales liberados y garantías de que no tardarán más de dos años en resolverse y controlados de cerca por los sindicatos a través de una comisión que deberá reunirse una vez al mes. Estas son las bases de un acuerdo rubricado ayer entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y los seis sindicatos con representación: CSIF, Satse, CCOO, UGT, Simex y Usae.

Tras meses de negociación, todas las partes aceptaron ayer el documento final de la administración que incluye algunas de las alegaciones formuladas en este tiempo por los representantes sindicales. Todos valoran como positivo el acuerdo alcanzado, pero todos señalan también que han tenido que ceder en algunas pretensiones para evitar situaciones vividas en las últimas convocatorias del SES (2007 y 2011), cuyos procesos se han alargado en algunas especialidades más de cinco años y en varios casos han dependido de la justicia.

Con este pacto lo que se pretende es hacer procesos selectivos rápidos, transparentes, eficaces y de calidad, «con convocatorias más sencillas, menos complicadas y de proporcionar seguridad jurídica en la actuación administrativa», recoge el texto. ¿Y cómo se conseguirá esto? ¿Con qué medidas? El documento rubricado ayer contempla seis puntos. El primero y uno de los más valorados por los sindicatos es la creación de una comisión de seguimiento de dicho pacto que velará por los procesos, estará informada de todas las incidencias y fijará un calendario detallado de todo el proceso. Estará formada por el SES y los sindicatos y se reunirá una vez al mes.

CONVOCATORIAS CADA 2 AÑOS / El segundo punto fija que el SES tendrá que convocar oposiciones y concursos de traslados cada dos años de forma alterna y contempla implementar «a corto-medio plazo» los concursos abiertos y permanentes. En tercer lugar, el documento recoge unos criterios «claros y simples» para evitar que los aspirantes acudan a la justicia. Para ello las bases de las convocatorias de oposiciones establecerán que todos los aspirantes que alcancen el 50% de la puntuación prevista en la fase de oposición pasarán a la fase de concurso. En esta última se contemplan cambios importantes: se contabilizará la experiencia laboral previa en la categoría a la que se opta pero también en categorías diferentes dentro del sistema público siempre que sean del mismo bloque: sanitarias o gestión y servicios. Por ejemplo, la experiencia de un celador no contará en el caso de que el aspirante se presente a una plaza de enfermería y viceversa. Finalmente, el SES ha decidido no incluir la valoración de la experiencia en la empresa privada, pese a que era una petición de la mayoría de los sindicatos y esta es una de las mayores discrepancias con el documento. Aunque hay sentencias previas que obligan a contabilizar la experiencia en algunos centros privados, el SES considera que si se excluye toda la actividad privada sin hacer distinciones no hay posibilidad de litigiosidad.

TRIBUNALES LIBERADOS / El pacto incluye tres puntos más. Por un lado, el SES se compromete a realizar un calendario de las distintas fases de un proceso selectivo, en el que desde la convocatoria a su resolución no podrá exceder de dos años. Además, en un quinto punto, la administración fija otras mejoras tales como que las solicitudes exclusivamente se cumplimentarán por internet y sobre los tribunales señala que sus miembros (debe haber paridad entre mujeres y hombres) serán liberados durante el desarrollo de las reuniones de los procesos selectivos, que el secretario de cada tribunal dede ser un empleado público titulado en Derecho y que en el caso de las categorías con más opositores (enfermería, auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo y celador) los tribunales estarán formados por un mínimo de siete personas. El sexto y último punto del pacto es un compromiso para negociar las plazas de las sucesivas ofertas de empleo en los dos primeros meses del año.

«TODOS HEMOS CEDIDO» / Para los sindicatos, el pacto permitirá agilizar los procesos de empleo aunque todos reconocen que han tenido que ceder, pero si no firmaban no podrían formar parte de la comisión de seguimiento. «No podíamos quedarnos fuera después de todo el trabajo realizado. No cubre nuestras expectativas en algunos puntos pero en general es positivo» apunta Emilia Montero de CSIF. «La exclusión de la experiencia privada es el principal defecto pero no podemos permitirnos el lujo de que se paralicen las oposiciones», explica Manuel Carmona de Simex. Para Damián Cumbres, de Satse, que pedía documentos distintos para sanitarios y personal de gestión y servicios, «es positivo un pacto unánime para que pueda salir la convocatoria en septiembre». CCOO considera que es un pacto «importante, adecuado y oportuno», explica Francisca Gómez. Para Felipe Bachiller, de UGT, el documento «dará estabilidad a las plantillas de los centros, permitirá reducir la precariedad y mejorar su funcionamiento». Por último, Mari Sol Villar, de Usae, reconoce que «hemos cedido para dar un paso adelante y creo que ha sido un buen logro». Todos confían ahora en que se cumpla.