El SES tendrá que hacerse cargo de la gestión de la sanidad en las instituciones penitenciarias. El Congreso y el Senado han dado ya el visto bueno a iniciar «con la mayor brevedad posible» la transferencia de estas competencias que ahora dependen del Ministerio del Interior a los sistemas sanitarios de cada región, lo que supone que el SES deberá asumir a los profesionales que atienden a la población penitenciaria de la región, así como al millar de reclusos (942 hombres y 68 mujeres, según los datos de septiembre de Instituciones Penitenciarias) que hay en las cárceles de Badajoz y Cáceres, las únicas en Extremadura.
En estos momentos hay 34 sanitarios que dependen de Instituciones Penitenciarias en la región, de los que 18 atienden la prisión de Badajoz (siete médicos de Atención Primaria, ocho enfermeros y tres auxiliares, además de un farmacéutico que depende del penal de Badajoz, aunque atiende a las dos prisiones) y 15 efectivos a la de Cáceres (cinco médicos, seis enfermeros y cuatro auxiliares). Todos ellos dependen del Ministerio del Interior, lo que además de convertir su trabajo en un galimatías diario, también tiene consecuencias laborales puesto que su remuneración y sus condiciones son distintas (e inferiores) a la de los trabajadores integrados en el Servicio Extremeño de Salud.
incumplimientos/ «Llevamos trece años de incumplimientos de una legislación que ya contemplaba esta transferencia, pero no ha habido voluntad política y nos hemos convertido en una parte más de la cárcel, nos han tenido obviados», subraya Carmen Hoyos, médicos del centro penitenciario de Cáceres y coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial.
La ley general de Sanidad de 1986 y la ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003 ya establecían el mandato de que las competencias de la sanidad penitenciaria debían ser asumidas por las comunidades autónomas. Sin embargo solo Cataluña y País Vasco lo han hecho hasta el momento. En el resto de regiones, entre ellas Extremadura, se ha ido trabajando en este tiempo a través de convenios «que han resultado ser una vía absolutamente insuficiente y que ha dificultado mucho el buen funcionamiento tanto para los profesionales como la población penitenciaria», dice Hoyos, que incide en que resulta paradójico que el funcionamiento sanitario de las cárceles «lo esté resolviendo un ministerio que no tiene nada que ver con la sanidad», lo cual además está generando «una discriminación» hacia las personas privadas de libertad.
La Junta de Extremadura mantiene en vigor un convenio con Instituciones Penitenciarias firmado en la anterior legislatura de Fernández Vara, según informan desde el SES, «para garantizar la prestación de asistencia sanitaria» mientras se dirime sobre el traspaso de competencias. El convenio no ha tenido más desarrollo desde entonces aunque el gobierno regional asegura que «no tenemos inconveniente en asumirla --la sanidad penitenciaria-- si viene con financiación suficiente o se enmarca en las próximas negociaciones de la financiación autonómica».
Los equipos médicos de las prisiones atienden cuestiones habituales de Atención Primaria, mientras que la atención especializada se presta el SES a través del convenio. En todo caso, la falta de coordinación entre la sanidad penitenciaria y la pública impide a los médicos de la cárcel acceder a pruebas e historiales. H
