Gutiérrez Casalá acabó agarrando un día a un secretario de ayuntamiento por la solapa. Francisco Pilo conseguía entrar en los archivos por paisanaje. Francisco Espinosa ha tenido que recurrir con frecuencia a la esposa de Pedro Laín Entralgo, cuyo padre fue asesinado por orden de Queipo de Llano, para que su marido le hiciera un aval que le permitiera entrar en los archivos militares.

Rastrear datos sobre la guerra civil en Extremadura sigue siendo un ejercicio desesperante donde se mezclan el esfuerzo, la constancia y la picaresca. La insistencia del Ministerio de Cultura en financiar a la Fundación Franco ha llamado la atención porque los archivos de esta entidad están cerrados a los investigadores.

Pero ese problema no se circunscribe a la fundación franquista. Cada archivo municipal extremeño es un mundo aparte donde los documentos históricos son custodiados por jueces de paz y secretarios que actúan según les parece.

El profesor José Luis Gutiérrez Casalá acaba de publicar una monumental tesis sobre la represión durante la guerra civil en la provincia de Badajoz. Para conseguir datos, se recorrió 162 pueblos de la provincia de Badajoz. Viajaba con su mujer y se quedaba a dormir a veces en pueblos alejados de la Siberia.

"El problema es que hay secretarios de ayuntamiento que se creen dueños y señores de los registros, cuando sólo son sus vigilantes, y se niegan a prestar ayuda a los investigadores. Uno de ellos se negó a que viera el registro, me despreció de viva voz y tuve que cogerlo por la solapa", contaba Casalá días antes de presentar su tesis.

UCD ABRE LA MANO

Hasta la llegada del gobierno de UCD no se pudo acceder a determinados archivos de la guerra civil. "En 1985, con el PSOE en el poder, se aprueba una ley de patrimonio documental que crea problemas entre los archiveros y los investigadores", recuerda el investigador de Villafranca de los Barros Francisco Espinosa.

Un artículo de esa ley habla del derecho al honor y a la intimidad. Espinosa, cuyo libro La columna de la muerte lleva ya tres ediciones, resume la situación creada: "Cuando ibas a un archivo, te decían que no podías hacer tal consulta si no tenías un permiso de los familiares del investigado y si replicabas que habían pasado 50 años, te sacaban lo del derecho al honor y la intimidad".

Al final, todo dependía del archivero, que podía ser una persona interesada en el tema que te dejaba hacer consultas o todo lo contrario. "Era terrible, llegabas al juzgado de paz y te decían que sólo te podían atender el sábado de diez a doce y siempre que no hubiera público porque tenías que hacer las consultas en presencia del funcionario y, además, no podías hacer fotocopias".

El resultado es que se perdió mucha documentación fundamental. A veces, alguien la salvaba, pero no para ponerla a disposición de los investigadores. Así sucedió en Badajoz, donde Gutiérrez Casalá recuerda que en 1947, cuando sa mandó quemar todo lo recogido en el registro sobre la guerra, el entonces fiscal jefe de la Audiencia Provincial se llevó la documentación a su casa, pero no ha permitido su consulta por los investigadores.

Casalá ha tenido que recurrir a la picaresca. Así, aprovechaba la semana de agosto en que el archivero de determinado municipio se iba de vacaciones para consultar documentos valiosos. Otras veces hay que recurrir a las amistades hasta el punto de que Casalá nombra en su tesis a Inmaculada Sanguino, encargada del registro pacense y amiga suya, que le ha facilitado la investigación.

Francisco Pilo, otro estudioso pacense, no ha tenido la misma suerte y en 1999 no pudo ver el registro de su ciudad. Pilo ha dedicado sus días de vacaciones a viajar de archivo en archivo sorteando dificultades. Aunque le fue más fácil consultar documentos militares en el archivo de la Legión en Ceuta, en el del Ejército del Aire en Villaviciosa de Odón o en el del Regimiento Castilla de Badajoz que en los archivos civiles pacenses.

Desde que Justo Vila publicó su libro sobre la guerra civil en Extremadura hasta hoy las cosas han cambiado, pero no tanto. Julián Chaves Palacios, profesor de la Uex en Cáceres, reconoce haber vivido problemas en los años 80, pero en declaraciones a EL PERIODICO EXTREMADURA reconocía que esa situación ya se ha superado.

Francisco Espinosa apunta que aunque la ley sigue igual que antes, la investigación resulta más fácil. "Pero todo sigue dependiendo del talante del archivero o del secretario municipal: si no les gusta lo que haces, te pueden complicar la vida. Si al archivero le da la gana... Lo que sucede es que ahora muchos archivos están en manos de gente joven que no distinguen la guerra civil de Franco de la de Julio César".