«Si quiero morir, estoy en mi derecho»

Ahora vuelve a estar de actualidad después de que el grupo parlamentario de Unidos Podemos haya registrado una proposición de ley en el Congreso que abre de nuevo la polémica. El texto -en cuya elaboración ha participado la diputada extremeña Amparo Botejara- pide despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Este planteamiento supone modificar el artículo 143.4 del Código Penal, que castiga con cárcel la actuación de los profesionales en ambos supuestos.

En el caso de la eutanasia, un equipo de profesionales sanitarios provoca la muerte de manera rápida, eficaz e indolora a una persona con una enfermedad grave que conduce necesariamente a su muerte o que padece sufrimientos físicos o psíquicos que considera intolerables. En el suicidio asistido, es el paciente quien realiza la acción con ayuda médica. El fallecimiento siempre queda registrado como causa natural.

La proposición de ley también recoge la objeción de conciencia de los facultativos, no obstante, subraya: «El médico objetor tiene la obligación de derivarlo a otro no objetor».

Pero, sobre todo, el nuevo texto otorga prioridad a la decisión que tome el propio paciente.

Un derecho más

«Yo no quiero que se contribuya a prolongar mi vida si ya no me compensa, no quiero alargar un tratamiento en una situación que ya se sabe que es irreversible. ¿Por qué se tiene que cuestionar?», reflexiona Catalina Fernández, una pacense de 61 años que se imagina en la piel de ese paciente en una situación crítica. Ella forma parte, desde Extremadura, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). «El problema es que cuesta hablarlo porque hay miedo. La muerte es el gran tema tabú. Es más fácil hablar de sexo. Parece que solo se mueren los otros y no queremos aceptar que nosotros también. Pero es que al final todos nos vamos a morir, y la gente que más queremos también. Y a lo que hay que tener miedo es al sufrimiento».

Catalina también integra la lista de los 1.660 extremeños que actualmente tienen testamento vital, un registro de expresión anticipada de voluntades que funciona en la comunidad autónoma desde 2008.

Para acceder al mismo, hay un modelo de inscripción que se solicita en los centros sanitarios y en la web de la Junta de Extremadura. Es necesario contar con dos testigos que no sean familiares y un representante legal, que sí puede tener un vínculo directo y que toma las decisiones si el enfermo pierde la lucidez. «En mi caso son dos amigos y una de mis hijas, la otra no quiso hablar del tema».

Reversible

Este documento, reversible en cualquier momento, recoge qué tratamientos quiere recibir o no el paciente cuando se acerca su muerte. En el mismo se apela a la limitación del esfuerzo terapéutico si se trata de alargar la vida en circunstancias críticas, pero tal y como apuntan desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, «no puede incluir instrucciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, la ética profesional o a la mejor evidencia científica disponible».

La propuesta de ley de Unidos Podemos pretende que dentro de ese ordenamiento jurídico se incluyan tanto la eutanasia como el suicidio asistido alegando el respeto a la libertad, la dignidad y la autonomía. De esta manera se incluiría como un derecho y una opción más en ese testamento vital.

Actualmente lo que no se considera entre los supuestos penalizados es la limitación de las medidas de soporte vital que, ante la futilidad del tratamiento y la irreversibilidad de una enfermedad, permite la muerte a partir de la retirada o el no inicio de tratamientos básicos para la vida.

«Avanzar en este tema es algo muy necesario, porque la muerte es inevitable, nadie me puede salvar de ella, pero sí me pueden ayudar a que sea dulce y a no perder mi dignidad. Yo pido poder elegir, poder tomar mi propia decisión, porque no quiero estar alargando meses en una cama llena de llagas y con pañal, por ejemplo. Creo que, como a muchos, yo empecé a tomar conciencia de esto cuando ocurrió lo de Ramón Sampedro (tetrapléjico durante 29 años, peleó para que lo dejaran morir, pero finalmente practicó un suicidio asistido con cianuro con ayuda de algunos amigos). Ni el Estado ni la Iglesia te pueden obligar en contra de tu voluntad», asegura Catalina. Y añade: «Cuando a la gente le preguntan si quiere una buena muerte, responden que sí, pero si hablas de eutanasia, se escandalizan. Y eutanasia significa eso, buena muerte, lo que pasa es que la palabra se ha llenado de mucha connotación negativa porque la gente cree que se van a cargar a los abuelos, a las personas discapacitadas...».

«El que quiera hacer objeción de conciencia -continúa-, que la haga, pero que no impida que exista este derecho. Tenemos la experiencia de otros países (Holanda, Bélgica, Luxemburgo...) y es algo que está muy regulado: tres jueces, diagnósticos de tres médicos distintos».

También insiste en la importancia de que el testamento vital quede registrado en el sistema informático de la Seguridad Social «para que, en cualquier situación, por ejemplo un accidente muy grave, el médico puede acceder a él». «Aunque la realidad -apostilla- es que luego depende también del médico que te toque y de la familia, muchas veces tienes que pelear».

«Hipocresía»

Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), uno de sus portavoces nacionales, Fernando Marín, que también es médico, afirma que uno de los principales problemas es que no se pone la palabra adecuada a lo que actualmente ya se lleva a cabo: «Esta ley viene a poner marco legal a algo que ocurre en la clandestinidad, porque a veces depende de qué médico esté y a quién conozcas. Eso ha pasado siempre». Pero va más allá: «El problema es que hasta que no se llega a los paliativos, no se puede hablar. Y no tiene nada que ver: no se trata de cómo me cuiden, sino de si quiero estar aquí o no con la situación que tengo. El que quiere morir, lo tiene claro».

Teniendo como referencia países como Holanda o Bélgica y lejos de conclusiones alarmistas, recuerda que entre el 1% y 2% de la población en situación crítica se ha acogido a este derecho. «Evitar el sufrimiento es universal, y es lo que recoge el testamento vital; la eutanasia siempre va a ser minoritaria. Pero hay que tener la opción de poder hablar del tema y de poder tomar una decisión, porque puede que se produzca o no el incendio, pero la puerta de emergencia ha de estar».

Para Fernando Marín, la propuesta de ley no es suficiente y cree que hay que avanzar aún más: «Hay personas mayores que no tienen ninguna enfermedad grave y que expresan su deseo de morir. Y están también en su derecho».

La ética profesional

Ante estos planteamientos, la diferencia de opinión entre los facultativos extremeños se agranda. El portavoz del Colegio de Médicos de Badajoz, defiende: «Nosotros estamos para no hacer sufrir, estamos a favor de la sedación en la agonía, pero lo nuestro es aliviar, no producir la muerte. Tú nos vas a sufrir, porque te vamos a ayudar, pero lo otro es como si usted me dice: ‘asesíneme’. Es totalmente contrario a nuestra ética profesional». Y agrega, cuando se le pregunta, por ejemplo, por un paciente con ELA: «Yo no creo deba tener ese derecho porque puede que se descubra algo que ayude a su enfermedad. Es que empezamos así y seguimos con los pacientes con síndrome de Down y los ancianos...».

«Hay que respetar todas las opiniones, pero también la decisión y el sentir del paciente. Cuando una persona quiere morir es por algo, es porque está muy mal para rechazar la vida», replica el pediatra Álvarez. «Lo que se plantea es algo muy regulado y con mucho control, no se trata de que te puedas cargar a tu padre que está enfermo y mayor porque no quieres esa carga ni mucho menos...», añade.

Hablar de un tema que trata directamente con la muerte provoca vulnerabilidad y confusión. E, inevitablemente, posturas muy contrariadas.