A punto de cumplirse un año y medio desde que la entonces empresa propietaria de los derechos explotación de la mima de Aguablanca -Lundin Mining- solicitara la declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ampliar la actividad al subsuelo de la misma, nada se sabe.

El último plazo marcado por la Dirección General de Minas para emitir la DIA tenía fecha de finales del año pasado, pero nada.

Este silencio desespera a la zona sur de Extremadura, al norte de Huelva y Sevilla, y muy especialmente a los pueblos de Monesterio, el Real de la Jara y Santa Olalla de Cala, localidades de las que procedían muchos de los trabajadores antes del cierre de la mina.

Tampoco se cumplió cuando en abril de 2016 el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, le dijo a la diputada de Podemos Amparo Botejara que la DIA estaría en un plazo de "alrededor de un mes".

De nada sirvió que la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad, en marzo del año pasado, instar al Gobierno a presentar, a ser posible, antes del 30 de abril, la resolución de la DIA. Tampoco se produjo.

Río Narcea, filial de la multinacional canadiense Lundin Mining, que explotaba el yacimiento, decidió abandonar y cerrar la mina alegando razones económicas, a pesar de que había anunciado que continuaría la extracción de mineral existente en las galerías subterráneas, una vez agotados los recursos en superficie.

Para llevar a cabo este proyecto, en el que se estimaba una producción de casi 3,2 millones de toneladas de níquel y una vida útil de unos tres años, la empresa presentó en junio de 2015 la solicitud de DIA ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

"En teoría, en el peor de los supuestos, tendría que haber sido resuelta en un plazo máximo de seis meses", es decir, en diciembre de 2015, recuerdan desde los sindicatos.

Ante la falta de noticias de la DIA, Río Narcea comunicó, hace ahora un año, la puesta en marcha de un ERE, cuya ejecución supondría a la postre la pérdida de empleo para cerca de 400 trabajadores, entre directos e indirectos. De hecho, desde mediados de 2015 ya no había extracción.

Dos meses después, y tras un encierro de los trabajadores, el comité de empresa, el mediador de la Junta de Extremadura y los asesores de los sindicatos firmaron el acuerdo alcanzado con la empresa, que permitía mantener los empleos hasta el 30 de junio, fecha en la que Aguablanca cerró su explotación.

En esos meses, Fernández Vara se reunió con representantes del Ministerio de Industria para exigir la DIA y les trasladó un informe en el que se rebatían los motivos alegados por la empresa para cerrar.

Los alcaldes de los municipios afectados también pidieron la DIA en otra reunión similar, a la vez que los trabajadores, por aquellos mismos días, recorrían las calles de Badajoz y de Monesterio para exigir la actividad minera en Aguablanca.

Y por si fueran pocas las reuniones, el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, también se desplazó a Madrid para exigir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que tramitara con la "máxima urgencia posible" la autorización para la explotación subterránea de la planta.

Tampoco dio resultado alguno que el pleno del Parlamento regional aprobara en junio una declaración que instaba al Gobierno central en funciones a aprobar de forma "inmediata" la DIA.

En agosto, sin embargo, hubo noticias. El alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, mostró sus desespero cuando conoció que el Gobierno Central había pedido "nueva documentación" para resolver y conceder la DIA

Un mes después, la ministra de Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, se comprometía a tramitar la DIA "a la mayor velocidad" cuando se cuente con todos los informes.

A la vez que se esperaba esta declaración, y se sigue esperando, la Junta de Extremadura comenzó a buscar empresas que quisieran hacerse cargo de la explotación en subuselo cuando llegara la DIA.

De hecho, la firma Valoriza Minería, filial de Sacyr dedicada a la actividad minera, adquirió en noviembre los derechos de la mina, que llevan aparejados los permisos de investigación y sondeos de níquel y de otros minerales.

Con esta adquisición, Valoriza Minería adquirió la totalidad de los derechos de exploración de Aguablanca, pues desde hace dos años ya disponía del 50 % de los mismos.

La empresa interesada sigue esperando la DIA, la misma que esperan los trabajadores, los municipios cercanos, los sindicatos, la Junta y, en general, la sociedad extremeña.