La siniestralidad laboral en la región tiene un coste anual de 264 millones

Según explicó Ramón Barco, responsable de Salud Laboral de CCOO en la región, el estudio abarca no sólo los costes declarados directamente, sino que introduce otras partidas como el gasto de las bajas de los autónomos, los siniestros de trabajadores de la economía sumergida y lo que suponen las enfermedades que se atribuyen a contingencias comunes pero que, en realidad, tienen un origen laboral.

Así, para Extremadura, el gasto anual en asistencia sanitaria, prestaciones (incapacidad temporal, farmacia y rehabilitación), pensiones y gestión de los casi 330.000 trabajadores cubiertos por el sistema ronda los 124 millones de euros. A esto habría que sumar lo que cuesta sustituir a los trabajadores afectados por accidentes o enfermedades profesionales. Según el Ministerio de Trabajo, la pérdida anual de jornadas por estas circunstancias en la región supera las 370.000 (3,2 millones de horas), que, multiplicado por el coste medio por hora estimado por el INE, da otros 24,5 millones.

ECONOMIA SUMERGIDA Sin embargo, Barco explicó que estos 148,5 millones de euros apenas suponen una parte del problema. El estudio realizado por el sindicato suma a ese gasto el ocasionado por los accidentes y enfermedades de los autónomos (unos 58.000), los afiliados a Muface (en torno a 20.000) y los trabajadores de la economía sumergida (un 12% respecto a los legales , es decir, casi 42.000).

Aplicando la premisa de que estos tres colectivos tienen la misma posibilidad de sufrir un percance que el resto, el gasto anual por cada uno se fijaría en 490 euros, es decir, un total de 58,5 millones de euros más.

Por otro lado, CCOO se apoya en un estudio presentado por la Universidad Pompeu Fabra según el cual un 16% de los procesos atribuidos a la sanidad pública como enfermedad no profesional (las denominadas contingencias comunes) tienen, en realidad, un origen laboral, aunque ni empresarios ni mutuas lo reconozcan, lo que hace que los gastos recaigan sobre el sistema público. Por eso, sumando para esta partida tanto las asistencias como las prestaciones por incapacidad temporal, emergen otros 57 millones.

Esto ofrece una cifra global de 264 millones de euros como coste anual de la siniestralidad laboral en la región, es decir, un 2,2% del PIB extremeño.

Pese a lo alto de los costes, el sindicato advierte en su informe que este gasto es sólo parte del problema, cuya cifra subiría notablemente si pudiesen cuantificarse perjuicios indirectos derivados de los siniestros.

Entre estos últimos se apuntan cuestiones como las jubilaciones anticipadas en actividades penosas, que merman los coeficientes que fijan la pensión, el desempleo como consecuencia de daños en la capacidad laboral no computables para una prestación, la pérdida de oportunidades profesionales por cuidar a un familiar lesionado o el empobrecimiento de los hogares por el descenso de ingresos.