Dos meses después de que las respectivas asambleas aprobasen su puesta en marcha, las negociaciones para cerrar un acuerdo laboral en el Sistema Institucional de Protección (SIP) en el que toma parte Caja Extremadura junto a CajAstur, CAM y Caja Cantabria siguen todavía abiertas. El pasado 17 de noviembre se firmó un preacuerdo entre la patronal y dos de los sindicatos, CSI-F y CCOO. Sin embargo, ambas formaciones apenas suponen un 30% de los delegados sindicales que suman entre las cinco entidades (incluida la extinta CCM).
Además de las formaciones mayoritarias en la CAM, que decidieron de inicio no participar en las negociaciones, el preacuerdo no fue refrendado ni por Csica ni por UGT, los dos sindicatos más votados en Caja Extremadura. En ambos casos se confirmó ayer que tampoco darán el visto bueno a la última propuesta realizada por las cajas al considerar que es "insuficiente" y que no ofrece "las garantías necesarias". Se trata de un desarrollo del mencionado preacuerdo que, entre otros aspectos, recoge un excedente de plantilla máximo de 2.200 personas en el conjunto de las entidades. La reestructuración de plantilla se hará de una forma gradual en diferentes fases entre la firma del acuerdo y el 31 de diciembre del 2013. En principio, aunque no figura en el texto, Caja Extremadura podría aportar unas 250 bajas, mientras que las oficinas cerradas serían 25, 15 de ellas en la región.
Prejubilaciones
En cuanto a las prejubilaciones, podrán acogerse a ellas los empleados que a 31 diciembre próximo hayan cumplido 55 años, siempre que acumulen una antigüedad de al menos una década. La prejubilación se extenderá hasta los 64 años y, mientras esta dure, el trabajador deberá percibir una cantidad que, sumada a la prestación por desempleo, alcance un 80% de la retribución bruta fija anual percibida en el año anterior, "y descontando en todo caso de la misma la cuota de la Seguridad Social a cargo del empleado". En términos netos, la cifra no será inferior al 90% ni superior al 95% del salario fijo de los doce meses anteriores. Las entidades seguirán realizando las aportaciones a los planes de pensiones.
Los empleados a los que se desplace a más de 25 kilómetros de su centro de trabajo tendrán derecho a una indemnización progresiva en función de la distancia, que irá desde los 4.000 euros si el radio está entre los 26 y los 49 kilómetros a los 22.000 si se superan los 300. Además, habrá una ayuda para vivienda. En lo que atañe a las bajas incentivadas, su aceptación será voluntaria por parte de la empresa. Se abonarán 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, más una cantidad adicional en función de los años de prestación de servicios, que irá de los 10.000 a los 30.000 euros.
