Representantes de las cuatro cajas que conformarán el SIP en el que participa Caja Extremadura (junto a CajAstur, CAM y Caja Cantabria) y responsables sindicales firmaron ayer el acuerdo de garantías mínimas sobre el que pivotarán la negociación de las condiciones laborales de los alrededor de 14.000 trabajadores que integrarán la plantilla del nuevo grupo financiero.
El acuerdo se aprobó con el apoyo de CCOO, UGT y CSI-F, lo que supone el 55% de los delegados sindicales del SIP, pero contó con la oposición de Csica, organización más votada en Caja Extremadura, y con la de la mayor parte de los sindicatos de la CAM, que tienen impugnada la mesa de negociación. El pacto llega justo una semana antes de que Caja Extremadura celebre la asamblea general en la que se votará si se da el visto bueno a la integración.
El secretario general de la sección sindical de Csica en Caja Extremadura, Miguel Angel Rodríguez Castellano, aseguró ayer que el acuerdo no garantiza adecuadamente "los derechos de los trabajadores, y deja muchas puertas abiertas en materia de prejubilaciones, movilidad geográfica o mantenimiento del empleo joven". Además, acusó a la patronal de haber logrado el acuerdo con "prácticas mafiosas", haciendo que los sindicatos firmantes renunciasen a una parte importante de sus pretensiones con la amenaza de que, si no accedían a la firma, "los efectos laborales no se aplicarían en CCM" (entidad absorbida por CajAstur y convertida ya en banco).
El responsable de Csica adelantó que en la asamblea general del próximo viernes se leerá un manifiesto de rechazo a la integración. En su opinión, si se supera el "rubicón" de las asambleas, las cajas "difícilmente" van a admitir con posterioridad mayores garantías de las reconocidas en el acuerdo alcanzado ayer.
