El sistema de control de la Junta para controlar las ayudas al lino ha estado bien tejido, si se tiene en cuenta la opinión de la justicia. La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso del lino considera que el Ejecutivo regional llevó a cabo controles "exhaustivos, detallados, completos e incluso agobiantes" sobre Lino Textil de Extremadura (Linotex), la única transformadora de este cultivo que había en la región. En este sentido, el juez concluye que todo el caso --en el que se imputó al gerente de Linotex, el extremeño Alberto García Valencia-- se construyó pese a no haber ninguna evidencia de delito y critica que la Administración regional, personada como acusación particular, aplicase en su investigación "un único punto de mira, absolutamente obsesivo".
La amplia sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional explica que en la campaña 97/98, cuando supuestamente se cometieron las irregularidades, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente llevó a cabo hasta 245 inspecciones en Linotex. Se trataba de controles de todo tipo que analizaban desde la contabilidad a las declaraciones de entrega de transformación, pasando por los albaranes, controles documentales globales e incluso las inspecciones de facturas de venta.
Pero si el juez considera que se llevó a cabo una "exhaustiva" tarea de inspección, no opina lo mismo de la investigación llevada a cabo por la comunidad autónoma una vez abierta la vía judicial. En esta línea, la sentencia señala que no había indicios de que en la región se hubiesen cometido irregularidades y menos aún de que Alberto García hubiese falseado documentación, de acuerdo con los productores, para obtener ayudas europeas.
Connivencia falsaria
La Audiencia Nacional señala, en primer lugar, que los productores no conocían al imputado, "lo que hace inviable la tesis de la connivencia falsaria". A esto se suma que fue el propio Alberto García Valencia el que comunicó a la Junta que se produciendo retrasos en las entregas de lino para su posterior transformación.
En opinión del juez, todas las comunidades implicadas --Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón-- "han aplicado en este caso un único punto de mira, absolutamente obsesivo" que no les ha permitido percatarse de que "tenían en sus manos toda la documentación" que revelaba "que no había falsificaciones". Señala, asimismo, que a pesar de todos los medios que se utilizaron durante la investigación se pasaron por alto datos "reveladores" que avalaban la inexistencia de ilegalidades, algo que cree "inaudito".
Por todo ello la sentencia concluye que debería haber impuesto las costas del juicio a la Junta y al resto de los gobiernos autonómicos, pero no lo hace porque nadie lo pidió.
