El sistema desarrollado en Extremadura para aplicar la Ley de Dependencia ha mejorado y tiene algunas virtudes, pero aún presenta lagunas, que hacen que, en conjunto, no pase el examen y obtenga cuatro puntos sobre diez posibles. Esta es la conclusión del II Dictamen del Observatorio de Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta situación coloca a la Comunidad Extremeña en el puesto número 13 del ránking nacional, según ese informe.

Las principales carencias están en la elaboración de normativas propias, en el apoyo a los ayuntamientos para que cumplan con las obligaciones que les corresponden y en la puesta en marcha de sistemas innovadores. Aquí Extremadura saca un cero.

En el apartado de normativa, la Comunidad Extremeña ni ha desarrollado decretos que marquen límites temporales a la tramitación para evitar demoras excesivas entre la solicitud de la prestación y la atención efectiva --marcando plazos para cada fase--, ni otras leyes para ampliar los derechos de los ciudadanos dependientes. En cuanto a los ayuntamientos, no se han transferido fondos para reforzar las redes de servicios sociales municipales y la coordinación para unificar criterios de acceso a los centros aún no se aplica.

Finalmente, no existe ninguna práctica innovadora para la gestión y desarrollo de la Ley de Dependencia, ni acciones para la promoción de la autonomía y la prevención.

En cambio, Extremadura saca la mayor nota posible en apartados como la disposición de recursos para atender las diferentes demandas de los dependientes, los posibles beneficiarios están bien informados y por ello se presentan más solicitudes, y el porcentaje de resolución de dictámenes está entre los más elevados del país.

El examen concluye que resultaría imprescindible que todo el sistema estuviese más coordinado entre las administraciones autonómica y local para evitar que los ciudadanos y los propios profesionales vivan situaciones de "trastorno y desorientación".