Una solicitante de la renta básica deberá abonar 5.112 euros por costas judiciales tras desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el recurso que interpuso contra la Junta al denegarle la prestación.
La sentencia confirma los argumentos de la Consejería de Sanidad y Política Social tras el recurso de alzada interpuesto por la demandante, que entiende que en esta persona no concurren suficientes indicadores que determinen una situación de exclusión social, más allá de su situación de desempleo.
En concreto, afirma que es una persona joven, sin cargas familiares, con una red familiar estable, residente en un domicilio cedido por sus padres, que son los que cubren los gastos básicos de suministro y de alimentación, que tiene formación universitaria, experiencia laboral y edad con mejores índices de empleabilidad.
